La cita será este próximo 3 de octubre, a las 12,00 horas, en la plaza del Mercado
LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones sindicales UGT y CCOO La Rioja llaman a la ciudadanía a participar el 3 de octubre en una concentración para exigir al Gobierno y a la Patronal “que definan su posición” y si realmente “quieren reducir o no la jornada laboral” algo que desde ambas organizaciones consideran “urgente”.
La cita, prevista para las 12,00 horas en la plaza del Mercado de Logroño, pretende ser un primer paso para avanzar en esta decisión y que el Gobierno “sea valiente” para llevar al Parlamento una reducción “por norma” de la jornada máxima laboral.
Los secretarios generales de UGT y CCOO La Rioja, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, han defendido esta posición porque, como ha recordado Ruano “llevamos meses en una pseudonegociación con el Gobierno y la Patronal pero se ve que ésta última no muestra una actitud firme ni una voluntad de reducir la jornada”.
Además, critica Ruano, “dificulta y torpedea la fase de negociación”. Por este motivo “hemos decidido empezar un proceso de información, con asambleas y movilizaciones, para que definan su postura”. También pide al Gobierno que “sea valiente”.
Solicita también el líder de CCOO La Rioja que los partidos políticos “vayan definiendo su posición frente a esta situación que es necesaria y justa”.
Desde CCOO consideran necesaria esta reducción porque “hace 40 años que no variamos la jornada máxima establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Es cierto -añade- que en estos 40 años se ha avanzado mucho en negociación colectiva y buena parte de los convenios están en una media de 38 horas y media semanales”.
LA RIOJA, “POR ENCIMA DE LA MEDIA”
Pero “en el caso de La Rioja nos situamos por encima de la media y, por lo tanto, sí que tendría una afección directa para la mayoría de convenios colectivos de la región este primer paso de conseguir las 38,5 horas”.
Aún así -reconoce- “no toda la negociación colectiva avanza de la misma manera. Donde hay fuerza sindical se avanza pero donde no hay, o es débil, no”.
“En La Rioja hay sectores como el transporte que siguen instalados en las más de 1.800 horas anuales y hace que, en algunos sectores, a estas diferencias se sumen también otras salariales y se genera una gran brecha social”.
Y además la reducción “debe hacerse ahora” porque según explica Ruano “en lo que va de siglo las transiciones que son más evidentes (la digital, por ejemplo) ha producido un cambio y una mejora importante de la productividad en el país. Una productividad que se escora hacia beneficios empresariales, claramente”.
“Esto -matiza- lo dicen los datos. Así, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha planteado que en lo que va de siglo los salarios han crecido la mitad de lo que lo ha hecho la productividad”.
Y en el caso de nuestro país “la diferencia entre la productividad y salarios reales -según el Banco de España- es de 15 puntos y en el resto de Europa es de apenas 5 puntos. Por todo ello, es el momento”.
ARGUMENTOS “IRREBATIBLES”
Por su parte, Jesús Izquierdo considera que el reparto del tiempo de trabajo “es el debate del futuro”. “Solo si somos capaces de reducir el empleo, seremos capaces de tener ocupaciones en el futuro”.
“Queremos el pleno empleo, hay 13 millones de personas trabajadoras del país que pueden verse afectadas por esta reducción del tiempo de trabajo” y para ello contamos con “argumentos irrebatibles”. Entre ellos -ha dicho- es cuestión de “justicia social, para repartir la riqueza que se genera en el país, para aspirar a un empleo de calidad, y por la vertiente económica”.
Pero también para “avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por una cuestión medioambiental, para ir hacia una economía más verde, más sostenible y evitar desplazamientos de trabajo”.
Con todo ello -finaliza- “exigimos que después de 40 años se modifique el Estatuto de los Trabajadores y se dé cumplimiento al acuerdo del Gobierno de coalición”. También ha añadido la necesidad de que se cumpla con el registro de jornada que, como ha recordado, es obligatorio desde el año 2019 “esto ayudaría a controlar el fraude en relación con las horas extras y sacar a la luz la economía sumergida”.
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