PALMA, 6 (EUROPA PRESS)
Los abogados del empresario Antonio Roig y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Miquel Femenía, jefe del departamento de Movilidad, ambos detenidos e investigados en el caso ORA, han formulado escritos de acusación contra el juez Manuel Penalva y el fiscal riojano Miguel Ángel Subirán con petición de penas que suman 166 años de cárcel.
En sus escritos remitidos al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a los que ha tenido acceso Europa Press, ambos letrados también amplían la acusación contra los integrantes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional José Luis Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Banderas. La petición de penas llega a los 335 años de cárcel para los seis.
Ambas acusaciones particulares sostienen que todos deben responder ante la Justicia por delitos de detención ilegal, prevaricación judicial, torturas, amenazas, revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.
Cabe recordar que Roig y Femenía fueron encarcelados en octubre de 2016 después de que ambos declaran ante Penalva y Subirán durante la fase de instrucción judicial de supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de regulación de aparcamientos ORA. En concreto, sobre el empresario Roig cayó la sospecha de que obtuvo el contrato de la ORA a cambio de abonar comisiones a políticos, mientras que a Femenías le acusaron de amañar la contratación de la empresa.
Ahora, la acusación particular que representa a Roig relata que los seis acusados actuaban “de forma conjunta, organizada y coordinada, consensuando entre ellos la estrategias y actuaciones a realizar y valorando las mismas una vez realizadas”. Por ello, indican que durante la instrucción del caso Cursach y de sus piezas separadas, entre ellas el caso ORA, cometieron “acciones presuntamente delictivas”.
En detalle, relata diversas filtraciones a la prensa sobre su representado pese a estar decretado el secreto de sumario, “que prácticamente se mantuvo durante toda su instrucción”. Pese a su publicación y al estar al “corriente de las filtraciones”, el letrado concluye que “ninguno llevó a cabo alguna acción encaminada a impedirlas”.
Como consecuencia, prosigue, “los acusados consiguieron crear un estado de opinión totalmente contrario a los investigados, mientras las defensas veían cercenado su derecho de defensa”. En detalle, el abogado indicado que al empresario Roig este hecho le perjudicó “gravemente en su situación procesal y penal, que le causaron un irreparable perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional”.
Además, la acusación particular expone que la detención de Antonio Roig fue arbitraria “fruto de la más burda rumorología” y con un informe elaborado por el acusado Miguel Ángel Blanco, que “no contenía indicio de suficiente entidad para poder concluir”.
Aparte de reseñar los mensajes intercambiados por los acusados en el grupo de WhatsApp ‘Operación Sancus’ sobre la detención de Roig, la acusación particular sostiene que el arresto fue llevado a cabo sin llevar a cabo “ni una sola diligencia de prueba para verificar la versión alegremente sostenida por el testigo protegido 19” en relación al pago de 1,5 millones y una vivienda por parte de Roig a Álvaro Gijón y José María Rodríguez, ambos dirigentes del PP.
Por lo tanto, insiste en que la detención de Antonio Roig fue “absolutamente arbitraria y delictiva”, como también su ingreso en prisión en el que supuestamente recibió presiones. Por todo ello, la acusación particular solicita también una indemnización en concepto de responsabilidad civil a todos los acusados de 1,2 millones de euros.
En el mismo sentido, la acusación particular que representa al funcionario del Ayuntamiento de Palma Miguel Femenía pide una indemnización por privación de libertad, días de baja y daño moral por una cantidad total de 646.568 euros.
En su escrito, también remitido al TSJIB para la apertura de juicio oral, subraya que los seis acusados, Penalva, Subirán, Blanco, Ruiz, García y Bandera, Femenía fue detenido “a partir de meras sospechas nunca confirmadas ni contrastadas y luego diluidas”.
Así, el letrado sostiene que su representado fue “presionado, coaccionado y amenazado” mientras prestaba declaración, “injustificadamente ingresado en prisión provisional causándole evidentes trastornos personales, emocionales y profesionales”.
Igualmente, concluye que fue perjudicado profesional y procesalmente por las filtraciones “permitidas y no perseguidas” por los acusados.
En ambos escritos de acusación se recuerda, no obstante, que el caso ORA fue sobreseído en enero de 2021 y archivado después de que el juez de Instrucción número 12 de Palma, Antoni Garcías, decretase que no había “suficiente” prueba de cargo.
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