LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)
Una multitudinaria concentración, en las puertas de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, ha lamentado este mediodía en Logroño el asesinato de Belén, la trabajadora social que ha muerto esta semana presuntamente a manos de tres menores de un piso tutelado de Badajoz.
La protesta estaba convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO, así como por los Colegios Profesionales de Educadores Sociales y Trabajadores Sociales de La Rioja.
Ha servido, además, para exigir a las administraciones más medios, especialmente humanos y de seguridad, y nuevos protocolos para evitar agresiones y mejorar las condiciones de trabajo en el sector, que han definido como “el gran olvidado”.
Los asistentes a la concentración, encabezada por una pancarta de los convocantes en la que se podían ver lazos negros en recuerdo de Belén, portaban carteles con lemas como ‘Protocolos antes situaciones de violencia’, ‘Administración asesina’, ‘Dos profesionales por turno ¡ya!’, ‘Belén somos todo/as’ o ‘No a la externalización de los servicios sociales, y han lanzado gritos como ‘¡Ni una más!’.
Varias personas, pertenecientes a los sindicatos y a los colegios profesionales, han leído un manifiesto conjunto, en el que, para comenzar, se ha lamentado profundamente el asesinato de Belén, presuntamente a manos de varios menores”, algo que han condenado “enérgicamente”, al tiempo que han trasladado “su más sentido pésame a la familia, profesionales y allegados de la víctima”.
“Sucesos de tal gravedad -han añadido- ponen una vez más de manifiesto las deficiencias del sistema de protección juvenil. Las políticas de licitación priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de los y las menores, así como las precarias condiciones laborales del personal que trabaja en estos centros”.
Por eso, han criticado que “estos recursos con menores, aunque están financiados con fondos públicos, su gestión recae en empresas privadas que no garantizan unas condiciones de trabajo dignas ni seguras”. Han incidido en que “la trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche, al recogerse dicha posibilidad en la licitación”.
Así, han considerado que “estas licitaciones no cuentan con la realidad del sector, siendo especialmente alarmante la imposibilidad de una intervención social adecuada, dejando en desprotección a los menores y a los profesionales que les atienden”.
Esta tragedia “no es un accidente, sino el resultado de una mala planificación en las licitaciones, donde el apartado económico tiene más importancia que contar con plantillas bien equipadas, bien remuneradas y regularmente formadas, con las mínimas condiciones de seguridad necesarias para hacer un trabajo de calidad”.
En sus palabras, “las condiciones de estos establecimientos, donde los trabajadores se enfrentan estrés emocional, turnos en solitario y potenciales situaciones de conflicto, requieren medidas preventivas inmediatas”.
MEDIDAS.
Entre ellas, a través del manifiesto, los firmantes han planteado “la obligatoriedad de contar con al menos dos profesionales por turno; instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad; protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia”.
Han sumado “la evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos, y la reversión de la externalización de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja, y revisión de los pliegos, así como el mayor control de las exiguas ratios de personal, y aumento de las mismas”.
Se ha recordado, en este sentido, que “se lleva tiempo denunciando incidentes graves en los centros de protección y reforma de menores, sin que la Administración haya tomado medidas efectivas”.
Por ello, han exigido a la Administración “como máxima responsable y a las empresas privadas gestoras que hagan análisis de conciencia y actúen en consecuencia para no tener que lamentar más situaciones como ésta”.
“Todos debemos preguntarnos si se hubiera podido evitar esa tragedia si en ese turno hubiera habido más de una persona trabajadora”, han concluido.
“QUE LA MUERTE DE BELÉN SEA EN VANO”.
Como ha resumido ante los medios de comunicación la secretaria del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja, Noelia Fernández, “creo que todo esto va a venir muy bien para que los políticos igual se pongan las pilas, aunque por desgracia ha tenido que ser así, pero por lo menos que la muerte de Belén no sea en vano”.
“Ya veníamos reivindicando un poco más la presencia de lo que es la Educación Social y darnos a conocer y que la gente tenga en cuenta que estamos ahí, porque muchas veces somos los grandes olvidados pero desde luego lo de Belén ya ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso”, ha incidido.
Como medidas, ha apostado por la necesidad de “revisar los protocolos, en primer lugar, porque todo esto que le ha ocurrido a Belén es que al final si hubieran los protocolos para toda esta clase de situaciones no hubiera pasado esto, más profesionales en los centros”.
Y ha sumado a ello “revisar todo el sistema, mejores condiciones del personal, quizá darles más formación para las situaciones de conflicto porque es verdad que a día de hoy cada vez vemos más agresiones, agresiones más graves y los jóvenes vienen pisando fuerte con un montón de conflictos y no debemos olvidar que muchas veces los chavales también son fruto de la vida que han tenido, de las dificultades que han pasado entonces hay que echarles una mano, no criminalizarlos”.
Fernández ha recordado que cada comunidad autónoma “tiene su propia ley, no es algo que esté unificado a nivel nacional, que es otra de las problemáticas”.
Así, en el caso concreto de La Rioja, ha citado que “en la Ley de Servicios Sociales existe una ratio de profesionales que tiene que haber en función del número de habitantes y a día de hoy no se está cumpliendo, que es una de las reivindicaciones que hace el colegio profesional que llevamos un montón de tiempo haciendo”.
Por su parte, Carla Vicente, educadora social que trabaja en la Fundación Diagrama, y que ha reconocido haber vivido algún episodio violento y haber pasado hasta miedo en su puesto, ha definido como “complicada” la situación de la profesión.
“Nos enfrentamos día a día jornadas laborales larguísimas, turnos de trabajo que estamos solos, salvo las tardes que sí que tenemos los compañeros, pero es que es necesario que trabajemos dos personas mínimo, las condiciones económicas no son las adecuadas y hay gente que trabaja con miedo en diferentes aspectos”, ha recopilado.
Igualmente ha apuntado que “al final se mezclan perfiles que desde Consejería mandan creo que de forma inadecuada, cuando hay menores que tendrían que estar en otro tipo de centros, porque al final trabajamos para la protección del menor”.
Por todo ello, ha considerado que “hay que dar una vuelta importante al tema, a los convenios, a las formas de seleccionar los perfiles de los menores y sobre todo tener en cuenta que es un trabajo que tiene peligrosidad”. “Hay que reivindicar tanto la protección del menor, como la de los trabajadores”, ha finalizado.
- Te recomendamos -
