LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)
La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja cree que el Gobierno actual de Gonzalo Capellán “ejerce de escudero de las políticas privatizadoras de la etapa del expresidente ‘popular’, Pedro Sanz”.
Según explican en una nota de prensa, los acuerdos que viene adoptando el Gobierno actual respecto de las privatizaciones sanitarias “son la pauta emprendida por el Gobierno de Pedro Sanz, en esta ocasión incumpliendo la Ley de Salud de La Rioja que le obliga a explorar otras posibilidades sanitarias públicas”.
Para la Plataforma “resulta vergonzoso que el Gobierno de La Rioja actúe con oscurantismo y con un lenguaje retorcido para recuperar las políticas privatizadoras del gobierno del PP de 2010”.
“Tal es el caso del anuncio de ampliación del contrato con Viamed Valvanera. Al Gobierno no le va a quedar otra que realizar una nueva licitación para mantener en Valvanera el contrato actual, que indica la imposibilidad de prórroga”.
Además, prosiguen, “el Gobierno vulnera la Ley de Salud de La Rioja al no explorar otras posibilidades habiendo optado ya por la solución privada, olvidándose de ofrecer el servicio de convalecencia desde el sector público”.
La Ley establece que, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos por parte del Servicio Riojano de Salud podrán ponerse en marcha otras fórmulas.
“También vulnera a Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja al no informar a través del portal de transparencia de las medidas que va a poner en marcha, limitándose a realizar ruedas de prensa en las cuales utiliza un mensaje confuso y dando por hechas sus propias afirmaciones”, indican.
A primera vista el contrato, prorroga o nueva licitación del contrato con Valvanera aparece una distorsión en cuanto a los valores del mismo. “Llama la atención que el actual contrato de 30 de junio de 2010, lo es por 44 millones y por 10 años de prestación y lo nuevo que anuncian por 34,4 millones 6 años de duración”, afirman.
Por otra parte, “no hacen referencia a la mejora en la calidad asistencial de las instalaciones de la actual Valvanera o de la plantilla manifiestamente mejorables, ni a las inspecciones y posibles sanciones. Solo les ha preocupado amarrar las cuantías económicas a pagar a la empresa privada”.
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