Junto a dos hermanos, pretendieron acoger “la mayor cantidad de superficie vitícola posible en el proceso de reparto del año 2016″
LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)
El Fiscal solicita una pena de 8 años de cárcel y 6.000 euros de multa para la exalcaldesa de Clavijo acusada de dos delitos de falsedad documental -en documento oficial y en mercantil- al falsificar presuntamente ciertos informes para obtener autorizaciones de viñedo en dicha localidad riojana y en beneficio de dos hermanos, también acusados de estafa y de falsedad.
Al parecer, modificaron documentos existentes o crearon documentos cuyo contenido no respondía a la realidad con la finalidad de aparentar una disponibilidad de superficie agraria que no le correspondían”. La finalidad de esta conducta “era obtener la mayor cantidad de superficie vitícola posible en el proceso de reparto de superficie vitícola en el año 2016”. El juicio tendrá lugar el próximo día 26 de marzo en la Audiencia Provincial.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos están relacionados con la concesión de derechos de nuevas plantaciones a través del reparto de superficie vitícola del año 2016. En concreto, con la Parcela 222 del Polígono 9 de Clavijo, ubicada en el Paraje Cumbre La Rad, que es propiedad, como bien patrimonial, del Ayuntamiento de Clavijo.
Los hermanos acusados, con la connivencia de la alcaldesa de Clavijo, E. I. A., modificaron estos documentos que después se incorporaban a los expedientes administrativos “para la obtención de estas autorizaciones de viñedo” así como también los informes dados por la propia alcaldesa.
Los acusados, R. S. L., y M. S. L., alteraron, entre otros, el contrato de 11 de junio de 2014, suscrito entre Apuesta Inmobiliaria Riojana, SL, representada por M. S. L.,, y el Ayuntamiento de Clavijo.
DECÍAN TENER MÁS DE LO QUE LES CORRESPONDÍA
El Fiscal relata que en el contrato verdaderamente suscrito, “el negocio jurídico de arrendamiento se limitaba al Recinto 56 de la Parcela 222 del Polígono 9, con una superficie de 2,2006 hectáreas, esto es, 22.006 m2”.
Con la modificación -indica el escrito- “se aparentaba obtener la posesión de la totalidad de la superficie de la Parcela 222 del Polígono 9, incluyéndose diferentes recintos”. Tras ello y con esta alteración, “el contrato modificado resultó formal y estructuralmente incongruente”.
Así las cosas, la Administración requirió a uno de los acusados “que acreditara estar en posesión de la superficie que amparara su derecho” para lo que utilizó dicho documento falsificado.
Con posterioridad, los acusados modificaron otros contratos, suscritos entre Apuesta Inmobiliaria Riojana, SL, y R. S. L,. donde se decía que Apuesta Inmobiliaria Riojana SL afirmaba ser propietaria o dueña de las fincas arrendadas.
En virtud de estos contratos modificados, el instante aparentaba disponer de la parcela de una superficie de 1.742.204 m2 (174,2204 hectáreas). En el contrato legítimo de 11 de junio de 2014, sólo se disponía de una superficie de 22.206 m2 (2,2006 hectáreas).
Por su parte, la acusada E. I. A., “reforzó la pretensión de obtención de autorización de viñedo por parte del acusado R. S. L., , realizando el informe de 13 de mayo de 2016”.
De esta manera, la exalcaldesa “a petición de uno de los acusados, realizó dicho informe en soporte oficial del Ayuntamiento de Clavijo” a pesar de que sabía de su falsedad.
“EN PERJUICIO DE OTROS AGRICULTORES”
Finalmente, la Administración otorgó al interesado R. S. L., autorizaciones para la plantación de viñedo, por superficie de 20,5080 Has mediante Resolución de 4 de julio de 2016 ya que “se otorgó una apariencia de disponibilidad de superficie de la que en realidad carecía”.
“Estas maquinaciones permitieron al acusado obtener, en perjuicio de otros agricultores de mejor derecho, autorización”.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, otro en documento mercantil y también imputa un delito de estafa. Para la exalcaldesa de Clavijo piden 8 años de cárcel y para los otros dos hermanos una pena total de 11 años de cárcel (8 y 3, según su participación en los hechos).
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