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El político del PP, Garrido, acusa a Andreu de haber llevado a cabo una mala práctica en cuanto a la contratación de un director para Actual

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LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, ha acusado a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, de “mala praxis en la gestión de recursos públicos” en la contratación de un director para Actual “por encima del convenio de La Rioja 360”.

En rueda de prensa, Garrido ha considerado que La Rioja cuenta con “excelentes empleados públicos perfectamente preparados pero el Gobierno de Andreu prefiere la mala praxis”.

Así, ha dicho, se ha publicado en la página web de la empresa pública La Rioja 360 un proceso para contratar a una persona que lleve la dirección del Festival Actual, ofreciendo un contrato indefinido con una remuneración de 60.000 euros brutos anuales.

El proceso, ha criticado, “vulnera” las bases del convenio de la empresa pública para la que se contratará a esta persona, dado que marca un máximo de 40.000 euros brutos anuales.

“Para sortear el inconveniente”, ha relatado, “se hace pasar lo que en realidad es una gestión laboral ordinaria como especial que afecta a los artistas”.

Sin embargo, ha continuado, el ámbito de aplicación de este régimen especial se circunscribe a las actividades artísticas o de dirección de cine, orquesta, artistas de circo, magos; extendiendo esta regulación al personal técnico: sastrería, peluquería y maquillaje.

Garrido ha concretado que “si analizamos la convocatoria publica de La Rioja 360 cuando se detalla el puesto no se hace constar ninguna de esas funciones indicadas”.

Lo que se describe del puesto es que esta persona, ha indicado, se dedicará a confeccionar el plan del festival, coordinar los escenarios, proponer artistas, así como todos los productos, dirigirlosy coordinarlos. Es decir, planificación y gestión.

Tras preguntarse “por qué de esta manera” ha considerado que “se pretende retribuir por encima del convenio con un contrato indefinido”.

A esto ha sumado que se hace “sin la necesaria prudencia, cuando apenas falta un mes” para el fin de la legislatura; y con una “evidente discriminación al conjunto de trabajadores y de los funcionarios adscritos en Cultura”.

Para Garrido, “existe capital humano dentro de la administración pública capacitado para estas funciones contando con el debido asesoramiento”.

Por otro lado, “si esta necesidad es real debería satisfacerse con un procedimiento ordinario con toda la publicidad y transparencia”.


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