Se mantiene la filosofía “restauradora” pero se “actualiza” un modelo que podría llegar a una “actitud buenista”
LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)
La Rioja tendrá el próximo curso escolar, 2025-26, un nuevo Decreto de Convivencia basado en la gestión pacífica de conflictos, a través de un mediador neutral, y el refuerzo de la autoridad del profesor, al que se le dará “mayor seguridad jurídica”.
El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha presentado hoy las bases del anteproyecto del futuro Decreto de Convivencia junto con viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Innovación, Fabián Martín.
A falta de conocer el texto de este anteproyecto, Galiana ha destacado el “diálogo” y la “mediación” como pilares para garantizar la convivencia en los centros educativos. Esto junto a un refuerzo de la autoridad educativa de los docentes a los que, además, se les dará seguridad jurídica.
Para el consejero, se trata de “buscar un equilibrio”, de modo que haya una mediación pero que ésta no sea “incompatible con el hecho de que hay unas medidas correctoras disuasorias en última instancia”.
“Digamos que el modelo actual viene a realizar una síntesis entre un modelo exclusivamente restaurativo, y que pudiera acabar derivando en una cierta actitud buenista, y un modelo en el que también exista una parte sancionadora”, ha relatado.
Es, ha dicho Fernández, “un modelo basado en la gestión compartida” en el que toda la comunidad educativa (familias, docentes y alumnos) son “agentes de convivencia”, de forma que las familias, como novedad, aparecen también como parte del mantenimiento de la convivencia.
Fundamental será la figura de mediador, que será, ha detallado Martín, alguien del centro, ajeno al conflicto, que será “aceptado por ambas partes” y que facilitará que se haga una gestión pacífica del conflicto con una reparación del daño.
Galiana ha destacado la mediación “como búsqueda de un aprendizaje cooperativo” y de una “mejora de la convivencia por parte de los alumnos que, inicialmente, estaban involucrados en esos problemas detectados. Por tanto, ha dicho, “se refuerza ese papel socializador del centro educativo”.
Será cada centro el que de forma, a través de su propio reglamento, a la puesta en práctica de este decreto que, entre las sugerencias, incluye la puesta en marcha de tertulias dialógicas y grupos interactivos (base de las comunidades de aprendizaje).
“Nunca hemos querido hacer tabla rasa porque había cuestiones interesantes” en el anterior Decreto de Convivencia, ha explicado Galiana añadiendo que las medidas correctoras estaban “reducidas”.
A este respecto, Martín ha señalado “debilidades por indefinición” en el anterior decreto, así como una “limitación de las medidas correctoras” que se pretende corregir.
Galiana ha visto que era “importante buscar un equilibrio entre ese diálogo y esas medidas socioeducativas con el desarrollo del principio de autoridad del profesorado” que, ha entendido, “había sido menoscabado con la anterior normativa”.
Respecto a la posibilidad de expulsiones de alumnos, el consejero ha explicado que se mantiene la excepcionalidad que regía en la anterior norma, pero se pretende eliminar la sensación de “impunidad”.
El anteproyecto del nuevo Decreto recoge 69 artículos estructurados en cinco títulos.
El título I agrupa las disposiciones generales y el título II la convivencia escolar, con cuatro capítulos centrados en los órganos con responsabilidad en materia de convivencia; los instrumentos para favorecer la convivencia; las estrategias de prevención de conflictos y participación familiar; y la gestión pacífica de los conflictos.
El título III recoge los derechos y deberes del alumnado y la participación y compromisos de las familias en el proceso educativo, a través de tres capítulos.
El título IV trata sobre los derechos, deberes y autoridad del profesorado y, por último, el título V señala las conductas que perturban la convivencia en los centros educativos, a través de dos capítulos, el primero dedicado a las actuaciones correctoras y el segundo sobre el procedimiento corrector ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
El documento inicia ahora la tramitación para su aprobación, con el mismo procedimiento que cualquier norma jurídica con rango de Decreto, de la que tienen que ser informada los Servicios Jurídicos, el Consejo Consultivo y el Consejo Escolar de La Rioja. La previsión es que entre en vigor a partir del próximo curso escolar 2025/2026.
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