LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)
El juicio que estaba previsto, este lunes, en la Audiencia Provincial de La Rioja, contra un acusado de estafa que se enfrenta a tres años y medio de cárcel tras firmar un contrato al que no podía hacer frente, se ha suspendido por motivos médicos del acusado, según ha informado el TSJR.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, indicaba que el acusado era administrador único de P.R.R. Serveis BCN S.L y de Infomóvil Consulting S.L.(Grupo Infomovil), sociedades domiciliadas en Barcelona.
La primera de las mercantiles estaba, desde finales del año 2006, en una situación material de insolvencia, sin poder hacer frente a sus deudas y compromisos.
El acusado, según refleja la acusación pública, aún consciente de no poder atender ni cumplir las nuevas contrataciones que llevara a cabo, siguió adelante ofreciendo en el mercado un producto consistente en la adquisición de un camión a través de ‘leasing’ junto con las gestiones necesarias para poner en marcha la actividad de transportista.
De este modo, el 24 de enero de 2007 firmó, con intervención notarial, un contrato de arrendamiento financiero con un comprador y Caja Duero, siendo fiadores los padres del primero y para la adquisición de un camión con equipo de frío por 58.139,64 euros.
El proveedor del camión era, supuestamente, P.R.R. Serveis BCN S.L. , mercantil en cuya cuenta bancaria se ingresaron 51.063’72 euros mediante contrato de leasing por acuerdo suscrito previamente entre el comprador y P.R.R. Serveis BCN S.L e Infomovil Consulting S.L.(Grupo Infomóvil).
El contrato lo había suscrito otra persona que hacía las veces de representación del grupo en Bilbao y zona adyacente, aunque el ingreso bancario y la disponibilidad del dinero se gestionaba en Barcelona.
El Ministerio Fiscal relata que no hubo gestión real para adquirir el camión, ni intento de matricularlo, algo que acusado sabía que iba a pasar desde el principio. A pesar de esto, aceptó el dinero, que pasó a formar parte de su patrimonio, y lo usó para otros fines.
Además, y aun teniendo en cuenta que había otras prestaciones previstas el pack logístico que ofrecía el Grupo Infomóvil, señala que, si se analiza exclusivamente el precio del camión que supuestamente se vendió mediante ‘leasing’, se hizo por un precio notoriamente superior al de mercado, dado que está peritado en 33.538 euros.
Indica, también, que la contratación del comprador, y la vinculación avalista de sus padres, les ha comprometido financieramente para el futuro, ocasionándoles diversos gastos y perjuicios.
Entre ellos la demanda ejecutiva recibida de parte de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (actual Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria), del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vitoria, en reclamación de 124.542’12 euros.
Para el Ministerio Fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa y procedía imponer al acusado la pena de tres años y seis meses de prisión.
También, le reclamaba indemnizar al comprador y sus padres en 51.063,72 euros más los gastos derivados del contrato, los gastos judiciales de las demandas recibidas, con los intereses legales, y 10.000 euros por los daños morales.
El Ministerio Fiscal entiende que la persona en cuyo favor económico se realizaron los hechos es el acusado; él era el administrador único de la empresa y quien tenía el dominio de su gestión y disposición del dinero.
Por tanto, la intervención de otras personas ( delegación en Bilbao y Caja Duero) no están en relación directa con la recepción del dinero y su posibilidad de devolución.
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