LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Igualdad, la distribución de 3.071.845,56 euros a La Rioja para el impulso de la conciliación familiar a través del Plan Corresponsables.
El plan, tal y como ha informado la Delegación de Gobierno, cuenta con una dotación total para toda España de 190 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
La distribución territorial será sometida a la Conferencia Sectorial de Igualdad para su aprobación definitiva.
El Plan Corresponsables se puso en marcha en 2021 con las comunidadesautónomas y Ceuta y Melilla para crear una red pública de cuidados y desarrollar actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta dieciséis años.
Este plan, ha detallado la Delegación, “facilita la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados, además de dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal”.
El Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, tiene por objeto garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.
El objetivo de este plan es el desarrollo, a través de los órganos autonómicos competentes en materia de igualdad, de actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación.
Las comunidades y ciudades autónomas desarrollan el PlanCorresponsables a través de cinco ejes de acción, empezando por facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos menores de hasta deiciséis años de edad mediante la creación de bolsas de cuidado profesional.
También, crear empleo de calidad en el sector del cuidado de niñas y niños; y dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras.
Junto a esto, sensibilizar en materia de corresponsabilidad de mujeres y hombres; y elaborar un Mapa Estatal de Cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados disponible en la Administración General del Estado y en las diferentes Comunidades Autónomas, así como la configuración de un banco de buenas prácticas que facilite la orientación de la política pública y el intercambio de experiencias.
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