LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)
El fiscal ha mantenido, en sus conclusiones finales en el juicio por el caso de las ‘casillas’ ilegales en Arnedo, que el exalcalde Juan Antonio Abad no quiso cumplir con su obligación, mientras la defensa ha negado una conducta pasiva.
En su informe final una vez transcurridas las dos sesiones de vista oral, el fiscal ha mantenido su acusación, a Abad, de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos.
“Se ha incrementado la plantilla pero sólo para tramitar expedientes pero no para ejecutar la demolición, que era la medida obligada”, ha dicho señalando que los propietarios ya contaban, antes de ejecutar la obra, con que “se pagaba la sanción y la edificación no se demolía”.
No obstante, ha rebajado su petición de pena de los catorce años y cuatro meses que le pedía inicialmente por los dos delitos a doce años y cuatro meses.
Por su parte, la defensa ha pedido la absolución al entender que no ha habido una conducta pasiva ante una situación que, ha subrayado, era anterior a su mandato: “No tiene una conducta pasiva quien contrata un vigilante de obra”. Además, ha creído que no está entre sus competencias “perseguir delitos”.
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