LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de La Rioja ha actualizado el convenio con el Colegio de Procuradores, para la garantía de la justicia gratuita, con un incremento del veinte por ciento de la partida, tal y como ha informado hoy la consejera de Políticas Sociales, María Martín.
En rueda de prensa junto a la decana del Colegio de Procuradores de La Rioja, Maria Teresa Zuazo, ha explicado que se trata de un acuerdo “para seguir avanzando en justicia de los cuidados”.
Éste consiste, ha explicado, en “asegurar el derecho a la justicia gratuita” a aquellos colectivos que “por falta de ingresos o por situaciones de vulnerabilidad” lo necesitan.
Es, ha añadido la decana, “un principio de igualdad que recoge la Constitución; y de ahí”, ha resaltado, “la importancia de esta tramitación” dado que, también, ha señalado, tiene que repercutir en los procuradores.
Así, ha relatado, “el servicio no deja nunca de darse” y esto motiva que, en Calahorra y Haro, en ocasiones deban desplazarse compañeros de Logroño. “Es una responsabilidad del Colegio y es una responsabilidad ante los ciudadanos y los justiciables”, ha resaltado.
Desde el 2017, ha contado, el Colegio se encontraba en una situación “un poco complicada porque no se habían actualizado los baremos”. Se trata de un servicio que en Logroño es voluntario pero en las partidas de Calahorra y Haro es obligatorio dado el número de profesionales. Por eso, ha valorado la actualización.
Después de una negociación que se inició en 2023, se ha llegado a un acuerdo para actualizar las bases económicas y los módulos de compensación. Además, para 2026 se ha previsto un aumento de los módulos que coincida con la subida de los sueldos de los empleados públicos.
En concreto, según los baremos propuestos en este acuerdo el gasto en 2025 se incrementará en unos 25.000 euros, calculado con un incremento aproximado de más de un 20 por ciento.
Como el importe presupuestado para el ejercicio 2025 en la partida de la Asistencia Jurídica Gratuita se ha aumentado en 200.000 euros, de 1,6 a 1,8 millones de euros.
Este acuerdo va en sintonía con el firmado recientemente entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y el Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja (ICAR).
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