LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Fiscal pide dos años y medio de cárcel para dos abogados J.P.P. y A.G.R. por un delito continuado de estafa al engañar a clientes con falsos acuerdos con la Fiscalía por dinero. Además, les reclama 6.480 euros de multa, así como inhabilitación para ejercer su profesión de dos años y medio.
A ello, se suma un segundo delito continuado de deslealtad profesional, por el que les pide 9.720 euros de multa, y dos años y medio de inhabilitación profesional; y un tercero continuado de calumnia, por el que pide 6.480 euros de multa.
Además, por vía de responsabilidad civil piden que indemnicen a uno de los clientes -ya que otros decidieron no pagar- con 14.000 euros, que corresponde a las cantidades cobradas “indebidamente”.
El juicio contra los acusados se desarrollará este miércoles, a las 10,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja, en unos hechos que, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, están implicados los dos abogados que ejercían en el mismo despacho profesional.
Éstos fueron contratados por una pareja para que les representase en un juicio por apropiación indebida. Tras un primer señalamiento de la vista, se suspendió tras aportarse un parte de baja médica del encausado A. G. R., si bien se señaló para su celebración los días 20 y 21 de abril de 2015.
En reuniones y conversaciones previas a la celebración del juicio, entre los encausados y sus representados, los abogados “guiados por un ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, aprovechándose de la situación de desconocimiento jurídico de sus clientes, y de la relación de confianza cliente-abogado”, les indicaron la conveniencia de llegar a un acuerdo tanto con la acusación pública del fiscal, como de la acusación privada, para conseguir una pena inferior a los dos años de prisión y poder suspenderse la ejecución de la pena, evitando así tener que ingresar en prisión.
No obstante, les dijeron que para llegar a ese acuerdo “era necesario depositar 56.000 euros en una cuenta por medio de transferencia”, y además entregarles otros 7.600 euros en mano, para darle al Fiscal “bajo mano”, y al decirlo hizo el gesto de “poner el cazo”. También les solicitaron otros 2.400 euros para “retirar unos antecedentes penales por una condena anterior de uno de los clientes, y con ello lograr un trato de favor por parte del Fiscal”.
Tras esas conversaciones, los clientes dudaron de cómo proceder a hacer entrega del dinero en mano para que se le entregara al Fiscal. En ese momento, uno de los acusados “les ratificó el acuerdo conseguido por su socio”, diciéndoles “te sorprendería la cantidad de acuerdos que se llega con el Fiscal”, así como “que ese dinero se entregaba para comprar a la Fiscalía. Que no se pagaba, sino que se le dada el dinero al fiscal, que era un acuerdo al margen de la ley”.
Las conversaciones fueron grabadas por los clientes, que finalmente desistieron de entregar esas cantidades de dinero. Ello motivó que los encausados renunciaran a llevar su defensa, siendo la pareja representada por otro letrado.
Posteriormente, otro cliente contrató para su defensa los servicios del bufete de abogados de los encausados, siendo uno de ellos “guiado por un ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, aprovechándose de la situación de desconocimiento de los trámites jurídicos, y de la relación de confianza entre cliente y abogado, le dijo que “era muy amigo del Fiscal Jefe y que le tenía que dar inmediatamente unos 14.000 euros”.
No obstante, el cliente le pidió un justificante, si bien el abogado le indicó “que ni a ti ni a mi nos interesa si un fiscal tiene que hacer un regalo a una amiga de 2.000 euros”. Finalmente, el otro abogado, “a sabiendas de lo informado por su compañero de despacho”, le dijo al cliente “que después de ir más de 60 veces al juzgado, habían llegado a un acuerdo con el Fiscal, y que el acuerdo con Fiscal había costado 6.000 euros”. Aún así el cliente hizo entrega a los encausados de 14.000 euros.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, otro continuado de deslealtad profesional y un tercero de calumnia, por el que les pide dos años y medio de cárcel, cinco años de inhabilitación profesional y 22.680 euros de multa, así como 14.000 euros, en concepto de responsabilidad civil que deberán devolver a un cliente.
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