Defiende la necesidad de limitar la compra de vivienda a no residentes: “En Baleares estamos en estado de excepción”
PALMA, 14 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha defendido este martes que el Gobierno de España “tendría que plantearse” una reforma constitucional para que el derecho a la vivienda “pase a ser un derecho fundamental”.
Así se ha expresado Yllanes, del ala de Unidas Podemos en el Govern balear, en relación a la respuesta oficial del Gobierno de España a una batería de preguntas parlamentarias sobre la posibilidad de establecer restricciones a la compra de segundas residencias por parte de no residentes.
El derecho a la vivienda se encuentra recogido en la Carta Magna, pero no en el capítulo de derechos fundamentales, donde sí aparecen otros como el derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión o la tutela judicial efectiva.
Por ello, Yllanes –juez actualmente en servicios especiales– considera que “el derecho a una vivienda digna tiene que estar en el capítulo de derechos fundamentales de los españoles”, permitiendo a los ciudadanos “hacer valer” ese derecho en los tribunales “ante cualquier vulneración por parte de cualquier poder público”.
Mientras no se “asuma” que la vivienda digna debe ser un derecho fundamental, “habrá que seguir peleando por otras vías”, ha indicado el vicepresidente balear. Una de esas vías sería, precisamente, restringir el acceso a segundas viviendas a no residentes, “siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (TJUE).
Sobre esto, Yllanes ha defendido que, pese a que el Tribunal Europeo ha sido generalmente restrictivo con las limitaciones del derecho a la libre circulación de personas, capitales y trabajadores, no “cierra la puerta” completamente sino que este tipo de limitaciones “son posibles si concurren circunstancias excepcionales”. “Y en cuestión de vivienda en Baleares estamos en estado de excepción”, ha sentenciado.
Cabe señalar que la respuesta del Gobierno a las preguntas de las diputadas de Unidas Podemos Antònia Jover y Lucía Muñoz se limitaba a recordar que cualquier restricción “deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria” y ello ciñéndolo a “razones de orden público o de seguridad pública”.
En este sentido, Yllanes ha dicho que “la opinión que ha expuesto el Gobierno” es “conocida desde la parte de Unidas Podemos en el Govern”, pero creen que “la resignación y el derrotismo no llevan a ninguna parte”. “El Gobierno tiene que ser valiente y escuchar la reivindicación legítima y justa de quienes viven en las Islas”, ha defendido.
Por ello, el vicepresidente balear ha reprochado al Estado su actitud. “No nos limitemos exclusivamente a resignarnos alegando lo restrictivo de la legislación europea. También lo era en la excepción ibérica del tope al precio del gas y se consiguió”, ha razonado.
Para Yllanes, el Gobierno debería “apoyar esta reivindicación del Govern” para intentar lograr una “limitación autorizada” a los no residentes –lo que el vicepresidente ha bautizado como la ‘excepción balear’–, y que sean los tribunales de la UE quienes se pronuncien.
UNIDAS PODEMOS EN BALEARES VE UNA NEGATIVA DEL PSOE
Este martes la portavoz de Unidas Podemos en el Parlament balear, Esperança Sans, achacaba la respuesta del Gobierno a “una negativa” del PSOE a la propuesta aprobada por el Senado. “Apelamos directamente al partido socialista para que lo apoye para poder tener una excepción balear”, ha declarado.
Sans ha instado a los socialistas a llevar esta cuestión al Gobierno de España, censurando la “tendencia” del PSOE “durante toda la legislatura” ante las propuestas de Unidas Podemos: “Siempre nos hemos encontrado con un ‘no se puede’, pero al final siempre hemos demostrado que si hay voluntad política, siempre se puede”.
Mientras, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido –del sector socialista del Govern– rechazaba interpretar “como un no” la respuesta parlamentaria del Estado. “Este planteamiento es para negociar”, ha dicho la consellera.
En declaraciones a los medios, Garrido ha remitido a la necesidad de realizar estudios técnicos para avalar una medida de este calado: “Debemos hablar a nivel estricto y es importante tener todos estos informes técnicos previamente para poder plantearlo, y así hacer una buena negociación con el Estado y con la Unión Europea”, ha remarcado.
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