MENORCA, 3 (EUROPA PRESS)
El colectivo Plataforma per la Llengua ha denunciado este lunes que una ciudadana menorquina sufrió una “discriminación” en la comisaría de la Policía Nacional de Maó por dirigirse en catalán a los agentes.
La plataforma ha afirmado que los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre, cuando la ciudadana acudió a las dependencias policiales para denunciar una compra fraudulenta en una página web vinculada, supuestamente, a una cadena de supermercados. Según relata la víctima, cuando manifestó a los agentes su voluntad de formalizar una denuncia, uno de los policías le espetó: “en castellano”.
“Sorprendida por la reacción del agente, la mujer reiteró la solicitud en catalán e insistió en que el término denuncia era idéntico en catalán y en castellano, para asegurarse de que no hubiera ningún malentendido sobre la petición”, han manifestado antes de señalar que “el agente, lejos de cambiar de actitud, le respondió que él era “la autoridad” y le exigió el DNI que llevaba en la mano. Cuando ella pidió al policía que se identificara, el agente se negó”.
Desde Plataforma per la Llengua han afirmado que “la situación se agravó cuando la ciudadana comprobó que los agentes no entendían ni escribían en catalán, lo que la obligó a cambiar al castellano para continuar con el proceso de denuncia”.
Según el colectivo, la mujer decidió tramitar una segunda denuncia penal, en este caso por vulneración de los derechos lingüísticos. Ahora, la entidad, en representación de la víctima, ha interpuesto finalmente una denuncia administrativa para abrir un expediente sancionador contra el agente.
Plataforma per la Llengua ha recordado que el artículo 4 del Estatut d’Autonomia de Baleares dispone que la lengua catalana, propia Baleares, tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.
“Este marco normativo garantiza a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas en sus relaciones con la administración pública”, han subrayado. Asimismo, han recalcado que la Ley de normalización lingüística también establece en su artículo 2.2 que este derecho implica poder dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, a la administración, a los organismos públicos y a las empresas públicas y privadas.
En cuanto a la policía, el artículo 104.1 de la Constitución española obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades de la ciudadanía, y la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, tipifica los hechos denunciados por esta ciudadana en Maó “como una falta muy grave”.
En concreto, han puntualizado que “se considera una infracción toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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