PALMA, 9 (EUROPA PRESS)
Hasta 36 policías locales que resultaron absueltos en el conocido como caso Cursach –algunos fueron exonerados en sentencia y otros no llegaron finalmente a juicio– han presentado una denuncia contra un letrado de la administración de justicia de la Audiencia Provincial a quien acusan de retrasar maliciosamente la investigación para beneficiar a los investigadores de aquella causa y en la que, además, se apunta a tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a quienes no se denuncia por su condición de aforados.
En nombre de los agentes perjudicados, el letrado Vicente Campaner acusa al funcionario de un presunto delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso y de hacerlo a las órdenes de los jueces Antoni Terrassa, Antonio Montserrat y Carlos Gómez.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantada este domingo por el diario ‘Última Hora’, expone que tras la sentencia de diciembre de 2022 que absolvió a todos los acusados del caso Cursach se ordenó deducir testimonio contra los investigadores de la instrucción, el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los exagentes de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, Ivan Bandera, Blanca Gallego y Jose Luis Reguera.
También se ordenó deducir testimonio contra más de diez testigos de cargo, al estimarse que habrían cometido presuntos delitos de falso testimonio en causa criminal.
Una vez que la sentencia fue notificada a las partes, éstas realizaron distintas acciones. Por un lado, fue recurrida por una de las acusaciones que había retirado la acusación, mientras que, por otra parte, tanto la acusación pública como distintas defensas solicitaron en “reiteradas ocasiones” el impulso de la investigación contra los instructores del caso y los testigos que emplearon.
Habría sido en este punto cuando el denunciado, siguiendo las indicaciones de los tres jueces mencionados, a los que no se denuncia por su condición de aforados, cuando, “en ejecución de un plan preconcebido omitió intencionada y maliciosamente sus obligaciones profesionales con el fin ilegítimo de retrasar la investigación judicial”.
Los denunciantes creen, por un lado, que el funcionario se negó a dar “el debido impulso al proceso”, lo que quedaría demostrado en que a pesar de que la sentencia se dictó en 2022 y a pesar de los numerosos escritos presentados, se ha tardado más de dos años para dictar una diligencia que vio la luz esta semana.
Además, también señalan que el letrado de la administración de justicia permitió la tramitación de un recurso presentado fuera de plazo para evitar la firmeza de la sentencia.
Los agentes de policía denunciantes acusan al funcionario y a los jueces a las órdenes de quienes presuntamente habría actuado de haber intervenido en procedimientos judiciales contra lo que llaman el ‘cartel de la toga’ –los investigadores del caso Cursach, que fueron condenados a nueve años de cárcel– y de dictar presuntamente resoluciones injustas para protegerlos.
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