“Han pasado muchos años”, se excusan
PALMA, 11 (EUROPA PRESS)
Varios testigos protegidos que afirmaron en el Juzgado que el ‘table dance’ de Miguel Pascual en Playa de Palma invitaba a policías locales a bebidas y servicios sexuales gratis no han corroborado en el juicio del caso Pabisa aquellas acusaciones, porque no recuerdan nada.
En el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial, todos estos testigos, extrabajadores del local, han declarado por vídeoconferencia y con la voz distorsionada.
A la mayoría de preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, por si en el local había órdenes de que determinados clientes –funcionarios de la Policía Local y el Ayuntamiento– no tenían que pagar, los testigos han respondido que no recuerdan nada de los hechos que la Fiscalía sitúa entre 2007 y 2015. “Han pasado muchos años”, se ha excusado una exempleada.
Con todo, al requerimiento del fiscal, dos de ellos han indicado que lo que dijeran en su momento durante la investigación era “la verdad”.
Una chica del ‘table dance’ ha nombrado a algunos de los encargados de aquella época, pero personalmente no tenía contacto directo con el propietario. En cualquier caso, no ha corroborado que sus jefes le dieran instrucciones de atender gratis a determinados clientes, si bien ha matizado que no eran ellas quienes se encargaban de cobrarles.
En esta línea, la testigo ha afirmado que ella siempre cobró por sus servicios, pero los pagos los recibía directamente del local. “A nosotras en mano no nos dan el dinero”, ha dicho. En este sentido, no sabe si los clientes pagaban o no a la empresa: “Delante de mí no vi que pagaran”.
HABÍA CLIENTES QUE PRESUMÍAN DE NO PAGAR
No obstante, en un confuso interrogatorio, la mujer ha precisado que había clientes que presumían de que iban gratis: “Cuando íbamos con ellos nos decían: ‘yo no pago, voy invitado y puedo entrar una, y dos y tres veces'”. Además, ha apuntado que estas personas no llevaban la tarjeta con la que los camareros controlaban las consumiciones para cobrarlas después.
Según la trabajadora, al principio no sabía que fueran policías –“No enseñaban la placa”, se ha justificado– aunque a lo largo de los años sí que se enteró. La mujer ha reconocido fotográficamente a uno de los acusados, pero no recordaba su nombre. Igualmente, esta mujer sí ha ratificado que en el local se hicieron fiestas privadas para policías -y políticos-, pero no que fueran a cargo de la casa.
Posteriormente, otro testigo protegido, un camarero que trabajó durante unos seis años en el ‘table dance’, ha declarado que todos los clientes entraban con la tarjeta para marcar las consumiciones, pero desconoce si, al salir, “pagaban o no pagaban”. Un rato más tarde el trabajador ha reconocido que un encargado dijo a los camareros que a algunas personas no había que cobrarles, pero desconoce el motivo: “No nos daba explicaciones”.
En la sesión se han llevado a cabo otras dos declaraciones que no han sido útiles para el caso. Una de les testigos ha afirmado que acudía al Tribunal pensando que era por un asunto de un restaurante, negando haber trabajado nunca en el club del Arenal. “Yo creo que se equivoca de testigo”, le ha dicho al fiscal.
Otra, al hilo de las preguntas, se ha mostrado muy confundida, asegurando que la única declaración que recuerda haber prestado fue en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en relación a otro local, un prostíbulo, en una diligencia en la que se practicó un reconocimiento fotográfico. “Yo en el Arenal trabajé hace muchísimos años, ya no me acuerdo de los dueños, de los encargados, ni de nada”, ha dicho respecto al caso que juzga la Audiencia.
50 AÑOS DE CÁRCEL
En este juicio, la Fiscalía pide penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. Se trata de una de las piezas en las que se dividió la macroinvestigación por corrupción en la Policía Local de Palma.
Anticorrupción acusa a los procesados –el empresario Miguel Pascual, nueve policías locales y un funcionario municipal– de concertarse para beneficiar a los establecimientos del empresario en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente.
En la primera sesión del juicio, Pascual se acogió a su derecho a no declarar. Los policías y el funcionario municipal, por su parte, negaron los presuntos sobornos y el trato de favor.
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