PALMA, 6 (EUROPA PRESS)
El compromiso del Govern de crear un canal externo de denuncias tras la eliminación de la Oficina Anticorrupción ha venido obligado por el Ejecutivo central.
En estos términos se ha pronunciado el delegado del Gobierno español en las Islas, Alfonso Rodríguez, insistiendo en que ha sido el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez el que ha “está obligando” a la Comunidad Autónoma a establecer un canal de denuncias que garantice el mantenimiento de las funciones que desempeñaba la extinta Oficina Anticorrupción.
Esto, para eludir un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, aprobada en 2024 y que suprimía este órgano.
Así, pues, y para evitar dicho recurso ante el Tribunal Constitucional, la Comunidad Autónoma deberá establecer un control externo que posibilite “la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, según el acuerdo alcanzado por ambas administraciones en el seno de la bilateral.
Dicho órgano también ha resuelto la modificación de varios apartados de otras tres disposiciones legislativas autonómicas sobre cuyo contenido el Gobierno español halló indicios de posible inconstitucionalidad.
Se trata de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda; del Decreto por el cual se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente en Baleares, y del Decreto-ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas.
En todas estas normativas se habían detectado aspectos de su contenido que podían extralimitar las competencias del Govern, por lo que se ha procedido a señalar su modificación.
Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo ha manifestado en diversas ocasiones que “está radicalmente en contra” de medidas como el cierre de la Oficina Anticorrupción, que ha denunciado como “un ejemplo de falta de transparencia y de ataque a los valores democráticos”.
El delegado ha aclarado que el hecho de que la Abogacía del Estado no encuentre visos de inconstitucionalidad no significa que el Gobierno comparta y respalde decisiones de competencia autonómica, como la supresión de la Oficina Anticorrupción o como la amnistía urbanística, “con las que no está en absoluto de acuerdo”.
EL PSIB DICE QUE NO ES UN AVAL DEL GOBIERNO
El PSIB, por su parte, ha considerado que “en ningún caso” los acuerdos alcanzados en la comisión bilateral suponen un aval al cierre de la Oficina Anticorrupción, sino que se está precisamente instando a la creación de un canal externo, ni a la legalización en rústico.
“El Govern de Marga Prohens tendrá que ceder y crear un canal independiente para sustituir las funciones de la extinta Oficina, como hemos defendido los socialistas desde el primer momento”, han indicado en un comunicado.
Los socialistas han insistido en que el rechazo es compartido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “quien puso el cierre de la Oficina como ejemplo de lo que no se tiene que hacer en materia de lucha contra la corrupción”, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, “quien también se opuso a la amnistía urbanística”.
El PSIB ha recordado que la lucha contra la conocida como amnistía urbanística sigue en marcha hasta el punto de que se está trabajando con Sumar-MÉS y Podemos en un recurso de inconstitucionalidad que presentarán diputados de las tres formaciones en las Cortes Generales. El recurso está en fase de redacción y preparación muy avanzada, según han adelantado.
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