IBIZA, 13 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha impuesto una multa de 1,37 millones de euros a los propietarios de una vivienda situada en las inmediaciones del Polígono de Ca Na Palava por la ejecución sin la correspondiente licencia municipal de unas obras de reforma integral.
Según ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado, se procedió a la renovación de la cubierta e instalaciones y reforma y cambio de uso de garaje a sala de instalaciones, así como a la reforma y ampliación de un anexo existente respecto de la vivienda principal.
A estos hechos, se une la circunstancia que la vivienda tiene una antigüedad anterior a 1956 y, por tanto, está sujeta a protección patrimonial de acuerdo con el Plan Territorial Insular (PTI), hecho que ha agravado la cuantificación de la sanción impuesta.
El Ayuntamiento ha constatado cómo la propiedad no ha cumplido con las paralizaciones de obras decretadas y mantuvo la ejecución de los trabajos una vez ya se había dictado la orden de paralización de obras.
Los hechos comprobados finalmente han derivado en la determinación de la comisión de tres infracciones, una muy grave y dos graves, de la normativa urbanística, lo que, unido al importe de las obras, motiva el elevado importe de la sanción. Además de la multa impuesta, también se ha ordenado la restitución a su estado anterior de los elementos modificados.
La propiedad de la vivienda había solicitado previamente diferentes autorizaciones, presentando una comunicación previa de las obras para la ejecución de pequeñas actuaciones de escasa cuantía y técnica sencilla en el inmueble.
Las diferentes inspecciones permitieron comprobar que los trabajos habían tenido una envergadura mucho mayor y afectaban a más elementos que los demandados por los dueños, quedando fuera de la cobertura de las licencias y comunicaciones previas presentadas.
Además, en varias ocasiones se constató la continuación de los trabajos a pesar de haberse decretado su paralización provisional.
Según los inspectores enviados, con la excusa de trabajos menores, se había procedido a la reforma integral de la vivienda existente, con más de 400 metros cuadrados de superficie construida dividida en dos plantas. Además, se había procedido al cambio de uso de un garaje de 54,68 metros para reconvertirlo en una sala de instalaciones.
Igualmente, se amplió ligeramente un anexo, de manera que pasaba de tener un dormitorio con un baño a disponer también de una sala de estar con cocina.
En su conjunto, el valor estimado de los trabajos realizados se cuantificó en más de 544.000 euros. Los trabajos han supuesto diferentes infracciones, cada una de las cuales da lugar a un importe sancionador.
El importe principal corresponde a las obras no permitidas en un edificio con protección patrimonial, algo que la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares, en su artículo 184, permite sancionar con entre un 200 y un 300 por ciento del valor de los trabajos (en este caso se ha optado por fijar un 250 por ciento), lo que supone 1.361.000 euros.
A esto debe sumarse una infracción por el cambio de uso sin permiso del anexo, lo que supone una multa del 75 por ciento del valor de aquellos trabajos en concreto, por lo que se establece un montante de casi 17.500 euros más.
La decisión municipal da también dos meses de plazo para la reposición de la realidad física alterada. En caso de no hacerse, el Consistorio podría imponer hasta 12 multas coercitivas (que se sumarían a la cantidad que ya debe pagar), equivalentes al diez por ciento del valor de las obras realizadas.
Además, el Ayuntamiento podría ejecutar directamente las obras y después repercutir su coste a la propiedad.
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