PALMA, 5 (EUROPA PRESS)
Un representante de CI Postal se ha desvinculado ante el Juzgado de las malas prácticas en la notificación de multas en Palma, descargando la responsabilidad sobre los dos trabajadores que actualmente figuran como investigados.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma tomó declaración este lunes a un representante de la empresa, que negó que la dirección amparara las irregularidades en las notificaciones, según han informado a Europa Press fuentes próximas al proceso.
Cabe recordar que los trabajadores reconocieron que falseaban sistemáticamente las notificaciones por la imposibilidad de cumplir con los objetivos marcados por sus superiores. La plataforma de afectados personada como acusación quiere que se investigue si la empresa toleraba o incluso incentivaba ese comportamiento.
En el Juzgado, el representante de la compañía ha ofrecido una versión opuesta afirmando que como empresa no sabían nada de ese funcionamiento anómalo, y argumentando que la mercantil sería la principal víctima porque como consecuencia de los hechos ha perdido la contrata pública con el Ayuntamiento de Palma.
Mientras, sigue pendiente el recurso por el que la Audiencia Provincial de Baleares decidirá si CI Postal puede ejercer la acusación contra los dos trabajadores o si, por el contrario, debe considerarse responsable civil subsidiaria y responder de posibles indemnizaciones.
Actualmente los únicos investigados –en sendas causas separadas– son dos repartidores de notificaciones. Presuntamente, era una práctica común simular la entrega haciendo constar una geolocalización relativamente cercana al domicilio en un dispositivo electrónico que llevan los repartidores. En una pequeña parte de los casos se falsificaron firmas.
Los perjudicados nunca recibieron la notificación de las multas y fueron cobradas en forma de sanción administrativa con importantes recargos; algunos ciudadanos acumulan importes de varios miles de euros.
La plataforma Stop Multes Sense Notificació, representada por el abogado Antoni Bennàsar, cifra en más de 140.000 los perjudicados por sanciones viales sin notificación, y los importes de las sanciones entre 45 y 50 millones de euros.
El Juzgado también entiende que puede existir responsabilidad civil del Ayuntamiento por el funcionamiento anómalo de su concesionaria.
La causa judicial no incluye la aparición de millares de recibos y cartas comerciales en torrentes y descampados de Palma.
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