PALMA, 12 (EUROPA PRESS)
Plataforma per la Llengua ha presentado, junto al PSIB, alegaciones al nuevo reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Calvià, por considerarlo un “ejercicio de catalanofobia” que “tiene como objetivo arrinconar la lengua propia del territorio”.
Así lo ha expresado la Plataforma en un comunicado en el que asegura que el reglamento “va en contra de normativas en vigor, como la Ley de Normalización Lingüística, el Decreto de uso de las dos lenguas oficiales en la administración de la Comunidad o el ‘Estatut d’Autonomia'”.
La Plataforma considera que permitir que las actuaciones internas se puedan redactar tanto en catalán como en castellano contradice la Ley de Régimen Jurídico de Baleares, además de vulnerar artículos aplicables a las corporaciones municipales en el decreto sobre el uso de lenguas oficiales. Dichas normas prevén que las actuaciones internas se hagan en catalán.
Para la entidad, dejar el uso de las lenguas “a criterio de cada trabajador”, combinado con “la entrada de trabajadores sin capacitación lingüística”, “es favorecer el uso prácticamente exclusivo del castellano y abandonar la función de fomento del catalán de los poderes públicos”.
Además, argumentan que el hecho de que la administración local utilice el catalán “compensa el uso que hace la administración general del Estado en las Islas, que tiene el castellano como lengua de trabajo interno y, en el caso de la administración militar, lo tiene como lengua obligatoria de las relaciones internas”.
La Plataforma también se opone a la posibilidad de que se puedan utilizar los dos idiomas en la tramitación de expedientes o en las comunicaciones y notificaciones municipales, a pesar de que el reglamento incluya la previsión “sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en el idioma oficial que soliciten”. Según la Plataforma, la normativa vigente estipula que las notificaciones deben hacerse en catalán por defecto, pudiendo solicitar que sean en castellano.
Otro punto sobre el que llama la atención la entidad es el uso indistinto de castellano y catalán en la rotulación interna, en la calle y en anuncios de actividades municipales. Para la plataforma, va en contra de la Ley de Normalización Lingüística que exige que la rotulación pública sea en catalán, y que en cualquier caso se pueda acompañar del castellano y otras lenguas.
La organización también combate que el Ayuntamiento pueda publicar libros, revistas y otras producciones en castellano, algo que considera “obsceno”.
Además, subraya que el reglamento no incluye ninguna disposición respecto a los conocimientos del catalán por parte del personal municipal ni sobre garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite.
En este contexto, la Plataforma ha recordado que la administración local es el ámbito público en el que los ciudadanos de las Islas emplean más el catalán, dado que hasta un 56 por ciento de los residentes lo utilizan con los ayuntamientos y un 40,6% del total de residentes lo usan en exclusiva o como lengua principal.
La organización hizo llegar a la regidora socialista Nati Francés estas consideraciones jurídicas, y el grupo municipal ha registrado las alegaciones pertinentes incorporando estas aportaciones. La Plataforma “no descarta acudir a la vía judicial”.
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