PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha rechazado este miércoles con los votos en contra de PSIB, Vox, CS y el PP la propuesta de MÉS per Mallorca para instar al Gobierno central a que amnistíe al rapero José Miguel Arenas ‘Valtònyc’ y permita su regreso a Mallorca.
Tampoco ha recibido el apoyo de la mayoría de grupos la propuesta para reclamar al Ejecutivo central el inicio de los trámites para la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.
El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha defendido la Proposición No de Ley (PNL) ha lamentado que en los últimos años se hayan producido condenas judiciales contra cantantes y personalidades del mundo de la cultura “por sus letras y opiniones manifestadas públicamente en el curso de sus actuaciones” como resultado de la aplicación de la ‘ley mordaza’ y de artículos del Código Penal relacionados con el enaltecimiento del terrorismo, ultraje a España y a sus símbolos, injurias al Rey y ofensa a los sentimientos religiosos.
A juicio de Mas, la ley y el Código Penal “restringen la libertad de expresión” y ha criticado igualmente el “activismo judicial” de una parte de la judicatura que hace una interpretación de estas leyes contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Convenio Europeo de los Derechos Humanos y a la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
El diputado ecosoberanista se ha referido a la sentencia del Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) que ha anulado la euroorden de la Audiencia Nacional que reclamaba la extradición del rapero mallorquín.
“La absolución de ‘Valtònyc’ pone de manifiesto que el Estado español tendría que ajustar su legislación en materia de derechos fundamentales para ser homologable a la de cualquier democracia consolidada. La ‘ley mordaza’ sigue vigente y sólo el pasado noviembre fue rebajada pero no derogada por el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos”, ha concluido el diputado.
Mas ha recordado que la mayoría de denuncias derivan de manifestaciones hacia la monarquía lo que, a su juicio, demuestra que la ley “protege la inviolabilidad de un rey que vive exiliado en un estado absolutista porque los casos de corrupción le rodean”, mientras quienes denuncian estos hechos “sufren persecución”.
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