PALMA, 19 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha defendido este jueves que la reforma legal del juego que inicia su tramitación en el Parlament balear es “una de las más avanzadas a lo largo del territorio nacional”, y que puede “servir de ejemplo” a otras regiones.
Así se ha expresado García tras participar en Palma en la reunión de la Mesa Social del Juego, convocada por el Govern ante el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva ley. El Consell de Govern aprobó este lunes que el proyecto se tramite por el procedimiento de urgencia.
Entre otras medidas, el anteproyecto aprobado por el Govern prohibirá la publicidad de juegos de azar y apuestas, limitará nuevas autorizaciones de salas e incrementará el listado de lugares para los que se aplican distancias mínimas respecto a establecimientos de juego. También obligará a las máquinas recreativas tipo ‘B’ (tragaperras) en bares y restaurantes a disponer de un control electrónico para comprobar que los usuarios son mayores de edad.
Este jueves, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, acompañado del secretario autonómico del ramo, Jesús Jurado, y el director general de Comercio, Miquel Piñol, ha presidido la Mesa Social del Juego.
A este encuentro han asistido, además de la OCU, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la defensora de la ciudadanía de Palma, el Ayuntamiento, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, el Instituto Europeo de Estudios en Prevención (IREFREA), el Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares, y representantes del Plan de Adicciones y Drogodependencias de la Conselleria de Salud.
En la reunión Yllanes ha dado cuenta de las últimas novedades respecto a la planificación del juego en la Comunidad.
El portavoz de OCU, que se ha desplazado a Palma para la ocasión, ha valorado que el texto del Govern recoge “claramente” las peticiones de la organización en cuanto a la regulación de las distancias entre establecimientos de juego y puntos sensibles como colegios o centros de rehabilitación para personas afectadas por problemas de juego patológico.
García ha recordado que la OCU ha promovido que las Comunidades mejorasen sus regulaciones sobre el juego presencial para proteger a los menores y consumidores vulnerables, y ha instado a los grupos del Parlament a permitir que el proyecto se apruebe dentro de esta legislatura porque “va a significar un avance en la protección de la salud de los ciudadanos”.
Entre otras consideraciones, García ha apuntado que, según diferentes estudios, un 22 por ciento de los jóvenes de 14 y 18 años reconoce haber jugado presencialmente, a pesar de que está prohibido por la ley.
Por su parte, Miguel Ángel Guerrero (FAPA), como representante de las entidades sociales, ha expresado su satisfacción por la tramitación de una norma para regular “un sector que tiene incidencia sobre la salud pública de las personas”.
Guerrero ha señalado que las diferentes entidades sociales han hecho “un frente común” para alertar del “problema de la proliferación de casas de juego y su proximidad” a zonas como colegios, parques o centros de rehabilitación.
Yllanes ha agradecido el trabajo de las entidades “por poner a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio como se había tratado hasta ahora”.
PLAN DE RECOLOCACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS
En el encuentro con las entidades, el director general de comercio, Miquel Piñol, ha trasladado la intención del Govern de reunirse con los sindicatos en las próximas semanas para elaborar un plan de recolocación de los trabajadores que puedan verse afectados por algunas de las medidas de la nueva Ley.
Por su parte, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha destacado la apuesta del Govern “por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de los menores y colectivos más vulnerables”, objetivos que constituyen “el espíritu de esta Ley”.
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