La fecha de celebración del juicio se notificará próximamente
PALMA, 19 (EUROPA PRESS)
La vista previa del juicio contra el administrador de Productos Cárnicos Mallorca por presuntamente alterar fechas de caducidad, modificando las etiquetas, de algunos productos, ha finalizado este lunes sin acuerdo en la Audiencia Provincial y el juicio está pendiente de ser señalado.
Según el escrito del fiscal, el hombre, siendo administrador único de la sociedad, contra la que también se dirige acusación, en fecha no determinada pero comprendida entre 2013 y hasta el 8 de marzo de 2018 poseía en sus almacenes productos alimentarios en una cantidad de 27.520 kilos, valorados en 120.000 euros que el procesado distribuía en el mercado para el consumo de terceros.
Con todo, el Ministerio Público sostiene que los mismos presentaban problemas de la identificación de la trazabilidad y del etiquetado, ya que pese a tratarse de productos con fecha de vencimiento próximo o ya caducados, su etiquetado, en muchos casos, estaba modificado, sustituyendo la fecha de caducidad por una posterior.
La Conselleria de Salud y Consumo, a través de varias actas, suspendió cautelarmente la actividad de la empresa y se inmovilizó todo el género afectado por el etiquetado modificado, para posteriormente ser destruido, según añade el fiscal.
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, por lo que se pide para el imputado la pena de dos años de cárcel y una multa de 4.320 euros, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con el comercio de alimentos por un tiempo de cuatro años. Además, para la entidad acusada se solicita la pena de multa de 18 meses.
La defensa, por su parte, niega “en su integridad” los hechos y asegura que la mercantil desarrollaba su actividad “con total normalidad” y que los empleados “disponían de los medios necesarios para el desempeño de la misma en condiciones de seguridad e higiene”.
Según desprende el escrito de defensa se realizaron hasta 12 inspecciones –previas a las que originaron las presentes acusaciones– en las instalaciones de la empresa “sin que nunca se advirtiera conductas de delito”.
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