Propone encontrar soluciones “cívicas y sociales” a la problemática de las autocaravanas PALMA, 31 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado abierto a incorporar modificaciones en la ordenanza municipal de fomento de la convivencia cívica y ha asegurado que “no hay líneas rojas para llegar a acuerdos” con las entidades ciudadanas.
Así se ha expresado este viernes en una rueda de prensa después de que el pleno de Cort aprobara ayer de forma inicial la citada ordenanza, que durante el plazo de 30 días se someterá a un periodo de alegaciones. Si no hay modificaciones en el calendario, ha señalado el alcalde, la idea es que pueda ser sometida a su votación definitiva en el pleno correspondiente al mes de marzo.
“Solo puedo invitar a las entidades, asociaciones, plataformas y vecinos a que participen, a que trasladen sus alternativas para que la ciudad se convierta en una ciudad segura, cívica y sin ruidos. Hemos puesto sobre la mesa una batería de soluciones, y estamos encantados de que todos nos trasladen alternativas”, ha dicho Martínez.
El alcalde, preguntado por los periodistas, ha negado que los regidores del grupo municipal de Vox –de cuyos votos dependen para sacar adelante la ordenanza, y quienes la han defendido de forma reiterada– hayan puesto alguna línea roja al equipo de gobierno de cara a futuras modificaciones.
“Es más, creo que todo el mundo debe hacer un esfuerzo para mejorarla, y con todo lo que haya que modificar siempre he hecho ejercicios de rectificación. Cualquier cosa que mejore la ordenanza se recogerá y no hay líneas rojas para hablar, dialogar y llegar a acuerdos”, ha aseverado.
Martínez se ha referido de forma específica a las limitaciones para residir de forma permanente en una autocaravana –la ordenanza contempla sanciones de hasta 1.500 euros–, uno de los puntos que más controversia y rechazo ha generado entre las entidades ciudadanas. Algunas de ellas se concentraron el jueves frente a la sede del Ayuntamiento mientras se debatía su aprobación inicial para protestar.
“Lo que regula la ordenanza es que las autocaravanas, como cualquier vehículo, deben funcionar como un vehículo. El espacio público no se pude ocupar, no es un tema de vivir o no. Ahora, todos estos puntos se pueden poner sobre la mesa y ver qué soluciones encontramos a cada una. Lo que está claro es que todo el mundo tiene que cumplir la ley y la normas, y que su libertad acaba donde empieza la de los otros”, ha señalado.
De cualquier modo, ha considerado que las limitaciones que contempla la ordenanza no son incompatibles con tratar de encontrar una solución para las personas en situación de vulnerabilidad que se ven abocadas a residir en este tipo de vehículos. “El trabajo de este Ayuntamiento es intentar identificar la problemática de cada una de estas personas y encontrar una alternativa digna y dentro de la legalidad”, ha subrayado.
Según el alcalde, mientras que en 2015 había 500 caravanas contabilizadas en Palma, este año hay cerca de 5.000. “¿Es un problema? Sí. ¿Hay un problema social en esto? Sí. Hay que encarar las dos cosas con soluciones cívicas y sociales. Las habrá a corto, medio y largo plazo, y estamos totalmente abiertos a alternativas y soluciones”, ha sentenciado.
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