La Fiscalía ha pasado de pedir penas que sumaban un total de 156 años de prisión a otras que no superan los 11 años.
PALMA, 15 (EUROPA PRESS)
Los once procesados en el conocido como caso Multimedia, entre los que se encuentran varios excargos del PSIB, han admitido haber cometido algunos de los delitos de los que se les acusaba y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para rebajar las penas y evitar entrar en prisión.
Así lo han manifestado las partes este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, cuya magistrada ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad que han aceptado algunos de los acusados, y que en ningún caso superaban los dos años, siempre y cuando no cometan delitos durante los próximos tres años y paguen lo defraudado.
Según ha explicado el fiscal ante el tribunal, pese a que ni él ni la acusación han modificado su relato de hechos –el fraude de más de 400.000 euros mediante contrataciones ilegales empleando la empresa Sociedad Multimedia, de titularidad pública, entre 2008 y 2011– sí han cambiado los tipos penales de los que se acusa a los once procesados.
De este modo, ha explicado, se ha sustituido la acusación de los delitos de malversación por otros de fraude en contratos, alegando que de este modo se ajusta a lo expuesto en la ley orgánica 14/22 de 22 de diciembre, que subraya que la malversación solo concurre cuando existe apropiación de fondos.
También ha eliminado la continuidad delictiva en varias de sus acusaciones y se ha limitado a mantenerlo a aquellos procesados que hubieran participado en más de un expediente de contratación ilícito. Asimismo, ha considerado que concurren las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.
Según ha asegurado el representante del Ministerio Público, los acusados han consignado esta mañana parte de la responsabilidad civil que se les exige para devolver lo defraudado a la Comunidad Autónoma y han expresado su compromiso de completar el pago antes del 1 de noviembre de 2025.
Preguntados por la magistrada, todos los procesados han aceptado los términos del acuerdo, tras lo que se dictará una sentencia acorde que no será recurrible y cuyo contenido se ha adelantado este martes en la Sala. Teniendo en cuenta los atenuantes y la modificación de los delitos, el fiscal ha pasado de pedir penas que sumaban un total de 156 años de prisión a otras que alcanzan los 10 años y medio.
De este modo, han visto rebajada su pena el exsenador socialista y entonces director general del Govern Antoni Machado, de 17 años de prisión a 15 meses; el exlíder del PSIB en Calvià Francisco Cano, de 14 años a 11 meses; o el también entonces director general José Antonio Santos, también de 17 años a 15 meses.
A la misma pena que Machado y Santos ha sido condenada la que fuera directora general de Multimedia, Gianniely Cucci, mientras que su coordinador ejecutivo, José Juan Alcover Pons, ha aceptado seis meses de cárcel. A los seis acusados restantes, considerados cooperadores necesarios de un delito de fraude a la administración, se les ha impuesto penas de entre 11 meses y un año de prisión.
Todos ellos también han sido condenados a diferentes penas de inhabilitación. Santos y Manchado no podrán ostentar cargos o empleos públicos por un plazo de siete años, algo que tampoco podrán hacer ni Trelles (durante seis años) ni Cano (durante cinco años), así como otras tres personas que este martes se han sentado en el banquillo y que son, principalmente, empresarios que colaboraron en la trama.
En concepto de responsabilidad civil, ha apuntado la magistrada, Trelles deberá aportar 260.708 euros, de los cuales son responderán de forma solidaria o subsidiraria varios de los acusados. Es el caso de Santos, hasta los 174.241 euros; Manchado, hasta los 86.467 euros; Cano y otros dos, hasta los 17.325 euros; dos empresarios más hasta los 18.800 euros; otro hasta 55.076 euros; y dos más hasta los 83.790 euros y 87.600 euros, respectivamente.
LOS HECHOS
Según explicaba el fiscal en su escrito de acusación, la Sociedad Multimedia de Baleares se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad Autónoma de Baleares como socio único. Dicha sociedad tenía personalidad jurídica propia, adscribiéndose a la Conselleria de Presidencia.
Mediante decreto de la Conselleria, se modificaron los estatutos de la empresa y se amplió el objeto de la misma. Además, con arreglo a dicho decreto fueron nombrados consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares tanto Manchado como Santos, quienes a su vez eran directores generales en las Consellerias de Economía y Presidencia, respectivamente.
De esta manera, desde febrero de 2008 a octubre de 2011 (aunque la causa no explotó hasta 2014, tras una denuncia de la Fiscalía), se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, no respetaban los procedimientos de las entidades públicas y de los que se beneficiaron amigos o personas cercanas a los dirigentes de Multimedia.
La mecánica para enriquecerse injustamente, agrega el representante del Ministerio Público, consistía en sustraer a la administración recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada.
Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago “injusto” por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.
En total, el Ministerio Público hace referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados con los que se defraudaron poco más de 400.000 euros.
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