La directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, advierte que constuir edificios cero emisiones es un “reto importante” aunque “es mucho más que colocar placas solares”
La Eurocámara quiere que todos los edificios de nueva construcción sean de “cero emisiones” para 2028
PALMA, 9 (EUROPA PRESS)
Los constructores de Baleares han advertido que el sector tiene que pasar de ser considerado operativo a estratégico si se aspira a cumplir las exigencias y los plazos que la Unión Europea está fijando en materia de edificabilidad y eficiencia energética.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó a mediados de marzo un proyecto para que todos los edificios de nueva construcción estén equipados con tecnologías solares en 2028, siempre y cuando sea técnicamente adecuado y económicamente factible, mientras que los edificios residenciales en proceso de renovación importante tienen hasta 2032.
En declaraciones a Europa Press, sin embargo, la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, ha avisado de que lograr edificios sostenibles o cero emisiones “no va únicamente de colocar placas solares sino de cambiar la manera de construir”.
Este cambio de paradigma pasa, ha argumentado, por considerar el sector como estratégico y mejorar la cualificación de los trabajadores, para lo cual ha exigido la colaboración y la implicación de las administraciones públicas.
Verger ha admitido que los plazos fijados por las instituciones europeas son algo “ambiciosos” aunque se trata de un “reto importante”.
“Temporalmente es verdad que es muy ambicioso. El sector tiene que acometer una transformación tan importante y cualificar tanto a sus trabajadores que es verdad que es corto. De alguna manera no están diciendo ‘espabilad, que esto ya viene’. Nos tenemos que poner a trabajar porque en 2028 gran parte de los edificios tendrán que ir hacia las cero emisiones. Insisto, esto no equivale sólo a poner placas solares sino a cambiar la manera de construir y todo lo que esto implica”, ha afirmado.
El acuerdo determina que los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E en 2030 y D en 2033, en una escala que va de la A a la G, esta última correspondiente al 15 por ciento de los edificios con peor rendimiento del parque nacional de un país miembro. Estos plazos, además, se reducen a 2027 y 2030, respectivamente, para edificios públicos y no residenciales.
En línea con esto, la directiva de la Asociación de Constructores ha recordado que la propuesta no es todavía firme, aunque ha insistido en que hasta el 87 por ciento de los edificios de Baleares no alcanzan las exigencias del código técnico de la edificación.
Verger insiste en el cambio de consideración del sector para que las empresas sean cada más sostenibles y más innovadoras, para lo que “tendrán que contar con las administraciones públicas”.
Así, pide que las ayudas públicas lleguen también a las empresas constructoras, no sólo a la industria, para que puedan acometer la necesaria transformación interna. La representante de los constructores recuerda igualmente que el sector está llamado a ser “palanca” en la movilización de los fondos europeos.
“Se pueden establecer nuevos sistemas de construcción y mejorar los aislamientos, pero cambiar la forma de construir implicará mejorar la cualificación del personal, si no, no se conseguirá”, ha apuntado.
MEJORAS DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO
La mejora en el rendimiento energético, que puede tomar la forma de trabajos de aislamiento o mejora en el sistema de calefacción, tendrá lugar cuando se vende un edificio o se somete a una renovación importante o, si se alquila, cuando se firma un nuevo contrato.
Los estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación y podrán decidir excluir de la normativa los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los edificios utilizados temporalmente, las iglesias y los lugares de culto.
Asimismo, podrán eximir las viviendas sociales públicas, donde las renovaciones darían lugar a aumentos de alquiler que no pueden compensarse con ahorros en las facturas de energía.
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