Piden más de 23 años de cárcel para los procesados
PALMA, 14 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha aplazado al 24 de noviembre la vista previa al juicio contra nueve acusados de desórdenes públicos y resistencia a los agentes de la autoridad durante una concentración antiCOVID, en Palma, en 2021.
Inicialmente, la vista estaba prevista para este martes, 14 de noviembre, a las 09.30 horas, pero la ausencia de un letrado y sus dos representados ha motivado el aplazamiento.
La Fiscalía pide para todos ellos penas que, en su conjunto, suman más de 23 años de cárcel. Las partes presentes iban conformar, previsiblemente, este martes un acuerdo, pero la ausencia de dos de los procesados ha obligado a fijar un nuevo señalamiento para finales de mes.
Según el escrito de Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de mayo de 2021, sobre las 23.00 horas, cuando los acusados, junto con otras personas no identificadas, participaron en una concentración en plaza de España para protestar por las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones públicas, en la que se congregaron alrededor de 300 personas.
Como la concentración no fue puesta en conocimiento de la Delegación de Gobierno y contravino las medidas sanitarias adoptadas y vigentes en aquel momento, añade el Ministerio fiscal, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma requirieron a los asistentes por medio de megafonía que abandonasen el lugar, a lo que muchos se negaron.
Entonces, según el escrito de la Fiscalía, cuando los policías trataron de avanzar para disolver la concentración, recibieron una lluvia de efectos arrojados por los concentrados, entre ellos los acusados, que comprendía comida, botellas de vidrio y plástico conteniendo líquidos en su interior, piedras y otros objetos, resultando alcanzados y sufriendo impactos varios de los agentes presentes, todo alterando severamente el sosiego y la tranquilidad de la zona y la seguridad e integridad de los transeúntes.
Ante el avance policial, continúa la acusación, los congregados, entre ellos los acusados, invadieron los carriles de circulación de Avenidas en sus dos sentidos, cortando la circulación de los vehículos de manera intermitente, y desde la zona de la entrada a la estación Intermodal continuaron arrojando objetos a las fuerzas del orden, arrancaron papeleras y barandillas y las arrojaron contra los agentes y sobre la calzada.
Finalmente, según Fiscalía, se disgregaron por la calle Eusebi Estada y otras adyacentes, donde formaron barricadas en la calzada, mediante la colocación de contenedores, impidiendo la circulación por las vías afectadas y tras los cuales se refugiaron, y desde los que continuaron lanzando todo tipo de objetos contra los funcionarios policiales.
A consecuencia de los altercados en que participaron los acusados, resultaron desperfectos en un vehículo policial, valorados en 499,36 euros, con un coste de reposición de 604,23 euros (resultado de añadir a la primera cantidad un 21% en concepto de IVA). Igualmente, resultó roto en el forcejeo el equipo transmisor de un agente, por el que no se reclama al haber podido ser reparado por los propios servicios policiales, y resultaron deterioradas las prendas de uniformidad de varios agentes.
Del mismo modo, en el mobiliario urbano de Palma se causaron desperfectos diversos en las propiedades del Ayuntamiento de Palma y de Emaya, que no han sido valorados, según el Ministerio Fiscal.
Asimismo, un agente de Policía Local de Palma sufrió una contusión con hematoma en la pierna derecha causado por la explosión junto a él de una botella de plástico arrojada contra los agentes y que contenía algún tipo de gas en su interior; otro agente de Policía Local sufrió una contusión en el rostro tras ser golpeado con un casco de moto y, un tercero y último, una contusión en el brazo derecho, tras ser alcanzado por algún objeto arrojado por los concentrados.
Según la Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de un delito de desórdenes públicos y cinco de resistencia a agentes de la autoridad. Por este motivo, solicita para los acusados penas que, en su conjunto, suman más de 23 años de cárcel. Si bien, para tres de los acusados, el Ministerio fiscal solicita que se proceda a la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional de España, con prohibición de retorno por plazo de ocho años.
Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los policías, en la cantidad de 300 euros, respectivamente, por las lesiones sufridas; del mismo modo, pide que se indemnice a la Dirección General de la Policía en la cantidad de 604,23 euros por los desperfectos ocasionados en el vehículo de su propiedad, y al Ayuntamiento de Palma y a Emaya en la cantidad que resulte en el acto de juicio oral, o, en su caso, en ejecución de sentencia, por los desperfectos ocasionados en los bienes de que son titulares.
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