PALMA, 18 (EUROPA PRESS)
La Sindicatura de Cuentas ha alertado del riesgo de que algunos beneficiarios de las ayudas directas entregadas por el Govern a las empresas y profesionales para hacer frente a la pandemia del Covid puedan defraudar a la administración autonómica.
Lo ha explicado este martes el síndico mayor, Joan Roselló, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, en la que ha comparecido para dar cuenta de su informe de fiscalización de la convocatoria extraordinaria de estas subvenciones en 2021, que supusieron la adjudicación de unos 855 millones de euros.
Para su análisis, la Sindicatura ha seleccionado 390 expedientes –de los cerca de 10.000– de forma aleatoria, de los cuales ha revisado si las subvenciones se ajustaron a los requisitos establecidos, si se adjudicaron de acuerdo a la normativa, si se destinaron a las finalidades para las que se habían concedido o si estuvieron correctamente justificadas por los beneficiarios, entre otros aspectos.
Aunque los síndicos han determinado que la actividad subvencionadora llevada a cabo por la administración se desarrolló en sus aspectos más significativos de forma correcta, también han detectado algunas incidencias graves en la gestión y control de la misma.
Éstas, dado los escasos recursos con los que cuenta el Govern para llevar a cabo la liquidación de todos los expedientes, comporta un “riesgo significativo de fraude” por parte de algunos beneficiarios, ha advertido Roselló.
De los 723 expedientes revisados, ha puesto como ejemplo, la Comunidad Autónoma ya ha dictado 371 resoluciones de reintegro de las ayudas –por incumplimientos de las condiciones–, ha interpuesto 47 recursos contenciosos-administrativos y ha derivado cuatro a la Abogacía autonómica.
El síndico mayor también ha expuesto algunas de las limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar su informe, como el hecho de que el 93 por ciento de los expedientes seleccionados en la muestra todavía no han sido fiscalizados por la administración.
“Por lo tanto, si bien la Sindicatura los ha fiscalizado, no ha podido comprobar el control realizado por el Govern, porque éste ni siquiera había comenzado. No se ha comprobado si los beneficiarios han entregado la documentación justificativa dos años después de haber acabado el plazo para hacerlo”, ha subrayado.
Esto, a juicio de Roselló, habla de un “colapso” en la revisión de los expedientes, muchos de los cuales ni siquiera se ha comenzado a comprobar que cumplan con los requisitos.
Otra de las limitaciones que han identificado ha sido que la administración no ha decidido de qué manera comprobará que los beneficiarios han cumplido con las condiciones de mantenimiento de actividad, el no reparto de dividendos o el no incremento de las retribuciones del personal directivo, por lo que tampoco han podido someterlo a revisión.
“El reloj, mientras, sigue corriendo”, ha subrayado Roselló, quien ha recordado que tan solo queda un año para que acabe el plazo.
En cuanto a las incidencias, Roselló ha destacado la falta de una previsión temporal de las actuaciones a realizar en cuanto a la revisión de las justificaciones y la liquidación de las subvenciones.
“Esto podría llevar a que la liquidación no se pueda realizar en el plazo de cuatro años y los potenciales incumplimientos y reintegros queden sin efecto”, ha apuntado.
También se han identificado incoherencias en las bases de las convocatorias derivadas de los ocho cambios a los que fueron sometidas para modificar determinados aspectos.
Así las cosas, Roselló ha recomendado que se agilicen las tareas de revisión de las justificaciones dotando de más personal al departamento encargado y que se definan los procedimientos para certificar el cumplimiento de las condiciones.
También ha instado a la intervención a realizar un control financiero específico y a realizar una evaluación del impacto económico que ha tenido la convocatoria de las ayudas en Baleares.
((Habrá ampliación))
- Te recomendamos -
