PALMA, 3 (EUROPA PRESS)
La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe favorable, con excepciones, a las cuentas del Ayuntamiento de Palma de 2021, al que realiza 75 recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera, de subvenciones y contratos.
El organismo fiscalizador ha entregado este lunes el informe al Parlament. La Sindicatura entiende que las cuentas entregadas por Cort expresan, en los aspectos significativos, “la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” del Ayuntamiento, así como sus resultados económicos según la normativa aplicable.
La Sindicatura realiza 56 recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar su gestión económico-financiera, relativas a la rendición de cuentas y el control interno, estabilidad presupuestaria y regla de gasto, balance de situación, estado de cambios del patrimonio neto, cuenta del resultado económico-patrimonial, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto, la memoria y las entidades dependientes y vinculadas.
El órgano también advierte de 43 incidencias significativas relacionadas con subvenciones y contratación, ámbito en el que realiza 19 recomendaciones.
Entre otras consideraciones, la Sindicatura ha detectado que de los cinco expedientes de acuerdos que se adoptaron contra las objeciones de intervención, cuatro son prórrogas extraordinarias de contratos cuyo plazo ha finalizado y por tanto son contratos vencidos.
En este sentido avisa de que suponen contrataciones sin cobertura y por ello nulas de pleno derecho, pero no se ha iniciado ninguna revisión de oficio.
El Ayuntamiento comunicó en total 34 expedientes de acuerdos contrarios a la intervención por valor de casi 20 millones de euros.
LITIGIOS EN CURSO
Otra advertencia hace referencia a los litigios que tiene abiertos el Ayuntamiento de Palma. La Sindicatura apunta que en un número significativo de ellos no se ha facilitado una evaluación del riesgo económico en caso de que los Tribunales fallen contra Cort.
Entre los litigios que pueden suponer un riesgo figura uno de 77,8 millones: se trata de una reclamación patrimonial por lucro cesante derivado de desclasificaciones urbanísticas de terrenos, como consecuencia de la aprobación del nuevo Plan General. Con todo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran poco posible que el procedimiento se resuelva en favor del demandante, aunque estiman que la cuantía real que se le podría reclamar a Cort ascendería aproximadamente a unos nueve millones.
La Sindicatura también llama la atención sobre el proceso judicial pendiente por un recurso de casación presentado en 2021 por Acciona Infraestructuras contra una sentencia de la Audiencia Provincial relacionada con el Palacio de Congresos. Según la Sindicatura, en mayo de 2023 se encontraba aún pendiente de admisión a trámite.
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