PALMA, 25 (EUROPA PRESS)
La brigada científica de la Policía Nacional ha concluido en un informe pericial que una resolución expedida por el director general de Política Industrial, Antoni Morro, y denunciada por una empresa de Mallorca por una supuesta falsificación de la fecha, lleva una firma insertada y no manuscrita.
Se trata de un estudio pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que tiene abierta una investigación contra Morro y una asesora jurídica que emitió un informe jurídico sobre el expediente de la resolución en cuestión.
La investigación parte de una denuncia de una empresa de Mallorca, que sostiene que la Dirección General habría omitido multas a otras competidoras por una serie de incumplimientos graves. Según su versión, seis procedimientos de sanción iniciados se quedaron paralizados y nunca se aplicaron. Tras un requerimiento del Juzgado –dentro de un proceso contra el anterior director general, Manuel Porras, que fue finalmente exonerado– la Conselleria remitió una nueva resolución que revocaba las seis sanciones propuestas inicialmente.
Esta nueva resolución llevaba fecha de finales de julio y no estaba firmada digitalmente. Por ello, la empresa sostiene que en el documento se habría falsificado la fecha con posterioridad al requerimiento del Juzgado.
En su declaración como investigados el pasado 30 de noviembre, tanto Morro como la asesora defendieron la legalidad de su gestión, afirmando que la fecha es la auténtica y que la resolución se firmó a mano. También indicaron que consideraban que las sanciones que revocaron eran nulas por defectos de forma, y que en aquel momento desconocían que hubiera en marcha una investigación penal.
Después de un informe de un perito privado aportado por la empresa, el Juzgado encomendó a la Policía un estudio de los documentos para determinar si los documentos “han sido firmados manualmente o mediante la inserción de una firma escaneada” y si se falsearon los Códigos Seguros de Verificación (CSV) de los documentos como mantiene la acusación particular.
Respecto a las firmas, tras someter los documentos a aumentos ópticos, la Policía constata que los documentos no han sido firmados manualmente, y que “ambas firmas son una reproducción fotomecánica”. Para determinar si son firmas insertadas en los documentos, la brigada científica aprecia distintos estampados en los trazos y las fuentes sobre las que se superponen, diferentes al resto del documento, “de lo que necesariamente se infiere que han sido insertadas en el documento”.
En el informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Brigada especializada en la falsificación de documentos concluye así que las firmas “no son estampaciones manuscritas, son foto-reproducciones insertadas en los documentos, lo que se acredita por la distinta huella en el trazado y en las fuentes”.
Con todo, la Brigada no puede determinar la fecha en la que se realizó esa firma, pero sí destaca que el ’28’ de la fecha del informe jurídico (28 de julio) “forma parte de lo injertado en el mismo junto a la firma”.
Respecto a los códigos de verificación, se ha dado traslado al área de Informática Forense para responder a la pregunta del Juzgado.
- Te recomendamos -
