El pleno del Parlament del próximo martes debatirá y votará el techo de gasto
PALMA, 16 (EUROPA PRESS)
Los partidos de la oposición han afeado el comportamiento del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante el pleno del martes y han vuelto a pedir su dimisión.
Así lo han reclamado, en las ruedas de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, los portavoces de MÉS per Mallorca, PSIB, Més per Menorca y Unidas Podemos, Lluís Apesteguia, Iago Negueruela, Josep Castells y Cristina Gómez, respectivamente.
Todos han censurado la expulsión de las miembros de la Mesa Mercedes Garrido y Pilar Costa, tras persistir en su voluntad de lucir en la Mesa, durante el debate de enmiendas a la totalidad a la derogación de la ley de memoria, camisetas con la imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.
En concreto, el portavoz socialista ha calificado la situación de “vergonzosa” y ha vuelto a pedir la dimisión de Le Senne por tomar una decisión “arbitraria, no ajustada a derecho y tomada por una persona imputada por delito de odio”.
“Hasta donde aceptará Prohens esta indignidad democrática, porque es el PP quien tiene que frenar estas agresiones a la memoria democrática”, ha subrayado Negueruela, al mismo tiempo que ha pedido al PP que “rompa ya” con Le Senne. “Ningún techo de gasto vale la pena para mantener a este presidente”, ha agregado.
Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca ha lamentado el “espectáculo lamentable” que se vivió en el pleno y ha considerado que Le Senne tiene que dimitir por varias cuestiones formales y políticas.
En cuanto a las formales, se ha referido a las manifestaciones de los letrados del Parlament, quienes han señalado que la diputada de Vox Manuela Cañadas no citó qué artículo del reglamento se incumplía. “Se privó el derecho de voto sin basarse en el reglamento”, ha añadido Apesteguia.
Por otro lado, sobre las cuestiones políticas por las que debería dimitir Le Senne, el ecosoberanista ha subrayado que para su formación es “inaceptable” que se expulse a alguien “por lucir una camiseta de una víctima”.
El portavoz de Més per Menorca ha considerado que el presidente está “totalmente desautorizado”. A pesar de que ha reiterado que la “principal responsabilidad” de la situación es de Le Senne, ha criticado que el PSIB “instrumentalice la figura de Aurora Picornell con una voluntad clara de provocar desorden en el hemiciclo”.
Por último, la diputada de Unidas Podemos ha apuntado que “volver a expulsar a miembros de la Mesa por sus camisetas con víctimas de la Guerra Civil coloca a Le Senne en un perfil de línea roja”. “Creo que tiene que dimitir”, ha indicado, remarcando que así se lo ha dicho al presidente.
Según Gómez, la persona que “más reivindica” la neutralidad de la Mesa es la que “ha demostrado ser menos neutral” de la Cámara. “Todo acaba siempre de la peor manera posible”, ha concluido.
VOTACIÓN DEL TECHO DE GASTO
La aprobación del techo de gasto se decidirá en el próximo pleno del Parlament, en el que comparecerá el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para presentar el límite máximo de gasto no financiero para 2025, que se debatirá y votará.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha señalado que desde su formación entienden que si Costa ha presentado el techo de gasto es porque “tendrá en cuenta” las peticiones que ha hecho Vox. “Entiendo que llegaremos a buen puerto”, ha asegurado.
En esta línea, el portavoz menorquinista, que no pudo hacer declaraciones tras la reunión con el vicepresidente, ha afirmado que desde su formación están abiertos a abstenerse pero que tienen una línea roja: “No avalaremos un techo de gasto que luego sirva para hacer medidas como el plan de segregación lingüística”, ha expuesto.
PROPOSICIÓN DE LEY MÉS PER MENORCA
Més per Menorca ha registrado una proposición de ley para dar prioridades a los residentes a la hora de comprar una vivienda en Baleares. Según ha dicho Josep Castells, tras haber estudiado diversos casos similares en el ámbito europeo, los menorquinistas aseguran que “es posible regular la compraventa de propiedades alegando un interés general”.
Para hacer posible estas limitaciones, el Govern debería declarar la emergencia residencial de la zona, basada en el incremento de precios o en la falta de vivienda disponible. Los ayuntamientos y Consells también podrían proponer esta declaración.
Posteriormente, la proposición de ley propone que entre en funcionamiento el mecanismo de limitación de la venta de viviendas a partir de la vinculación económica o social de cada persona con el territorio. El vínculo económico se refiere a un contrato de trabajo indefinido y, el social, a una residencia de entre seis y 15 años.
Así, plantean que cuando se ponga una vivienda a la venta, durante los primeros dos años solo la puedan comprar las personas que acrediten estos vínculos.
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