PALMA, 24 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Baleares necesita más recursos para la sección de cooperación jurídica internacional, ya que asume una “enorme cantidad” de peticiones de cooperación judicial, especialmente de Alemania y Reino Unido.
Así lo expone el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, en la Memoria de 2021 que ha entregado esta semana al Parlament. Los fiscales asignados al servicio de cooperación internacional son dos.
Durante 2021, entre otros asuntos a destacar, la Fiscalía realizó actuaciones de cooperación por la causa por la muerte de un ciudadano holandés en Mallorca y por un caso de sustracción internacional de menores relacionada con Francia.
La sección de cooperación incoó 122 órdenes europeas de investigación y 55 comisiones rogatorias pasivas. La mayor parte de las solicitudes de auxilio proceden de Alemania.
Por otra parte, el fiscal jefe de Baleares advierte de que es necesario aumentar la plantilla de fiscales de Palma para reforzar también las secciones de menores, de siniestralidad laboral, de familia y antidroga.
También considera que la plantilla en la sección territorial de inca es insuficiente, ya que soporta una “gran carga de trabajo”. La Fiscalía aboga por incrementar los recursos humanos en Inca con un fiscal más, ya que la sección atiende a tres Juzgados de Instrucción y cinco Juzgados de Primera Instancia.
La Memoria también alerta de otras carencias en la administración de Justicia en Baleares, como “importantes retrasos” en la instrucción debido a demoras considerables en informes periciales. “Estos retrasos son tan exagerados que incluso se han producido supuestos de prescripción de delitos por falta de informes periciales”, advierte la Fiscalía.
FISCALÍA DE MENORES
Desde la Fiscalía de Menores de Baleares también reivindican más recursos. Según consta en el documento entregado al Parlament, “el espacio físico de la secretaría ya ha dado de sí también todo lo posible, del mismo modo que el espacio dedicado al archivo de asuntos y piezas de convicción ubicado en los sótanos del edificio”. De hecho, la sección de Menores ha tenido que renunciar a la sala de reuniones o multiusos para poder reubicar a algunos funcionarios.
Además, avisa de que se sigue necesitando un servicio de guardia de 24h por parte de la entidad pública de protección de menores y el refuerzo y aumento de la ratio de educadores en los mismos, “sobre todo en horario nocturno y días festivos”.
En el ámbito de la sección de Menores se han potenciado las investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia y delitos de odio, e igualmente, se han implementado e incrementado las diligencias pre-procesales penales, las diligencias de investigación penal o las civiles relacionadas con asuntos con origen en hechos ocurridos en centros educativos y en centros de protección.
221 DILIGENCIAS EN FISCALÍA, 158 ARCHIVADAS
La Memoria de 2021 recoge las estadísticas judiciales de diligencias instruidas en 2021 con intervención del Ministerio Público, si bien las diligencias de investigación propias de la Fiscalía en 2021 fueron 221.
Principalmente se trataron de delitos de siniestralidad laboral, ordenación del territorio y contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, cometidos por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus cargos, contra la salud pública, etc.
De estas diligencias, 59 se remitieron al Juzgado de Instrucción presentando denuncia o querella y 158 se archivaron en Fiscalía. Ese archivo no impide al denunciante volver a presentar la denuncia ante el Juzgado.
En cuanto a las diligencias previas judiciales, en 2021 se incoaron 39.646 en los Juzgados de Instrucción de Baleares, un 7,6% más que el año anterior. Un total de 20.992 se sobreseyeron y 18.654 se acumularon o transformaron en otros procedimientos –para pasar a celebrar juicio oral–.
CASOS DESTACADOS
La Memoria 2021 de la Fiscalía destaca algunas causas en marcha o en fase de ejecución de sentencia durante el ejercicio. Entre ellas, el Caso Cursach y sus derivadas, incluyendo la pieza contra el juez Manuel Penalva; el Caso Puertos y la Operación Casablanca (de la Audiencia Nacional).
Cabe destacar también los procedimientos abiertos por delitos contra el medio ambiente, como la causa por los vertidos de Emaya en la bahía de Palma. Sobre esta última causa, la Memoria advierte de que se han sufrido paralizaciones, si bien considera que las informaciones de los medios de comunicación han facilitado que las administraciones adoptasen medidas para paliar la situación.
También destaca la investigación a una empresa encargada del transporte de residuos peligrosos por COVID, por un delito ambiental pero también por un delito contra los derechos de los trabajadores.
En cuanto a las actuaciones por explotación sexual infantil, la Fiscalía indica que se han realizado en los últimos años numerosos procedimientos judiciales contra adultos, si bien también se han abierto expedientes de reforma incoados contra menores supuestamente colaboradores en la captación de víctimas.
Igualmente es reseñable el aumento de asuntos relacionados con delitos de violencia sobre la mujer, puesto que las denuncias se acrecentaron tras el cese del estado de alarma. Para la fiscal delegada de esta sección, Mercedes Carrascón, esto pone de manifiesto la necesidad de crear un tercer Juzgado de Violencia sobre la mujer, una reivindicación que también han hecho los jueces.
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