Otros seis acusados, entre ellos el concejal de playas, se sientan también en el banquillo
PALMA, 18 (EUROPA PRESS)
El juicio contra el exalcalde Felanitx Gabriel Tauler y otros seis acusados por, presuntamente, amañar un concurso de playas se celebrará en junio de 2024.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este martes la vista previa y después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo, el juicio oral, que podría prolongarse durante dos semanas, se ha fijado, en concreto, para los días 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de junio del año que viene.
El ex primer edil se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público, por, presuntamente, amañar un concurso público de playas.
El escrito del fiscal se remonta a 2013 y 2014, años en los que Tauler y el entonces concejal de playas Juan Ramón Vidal se concertaron con el administrador de la empresa Marportunbeach Mallorca, también acusado, para asegurar, según el Ministerio Público, que obtuviera la concesión para gestionar y explotar parte de las playas del municipio.
Estas concesiones expiraban en 2013, por lo que el fiscal interpreta que tanto el alcalde como el concejal articularon un procedimiento para asegurar que la adjudicación fuera a favor del empresario anteriormente mencionado.
Para ello, contactaron con una persona próxima a la empresa para que diseñase las bases del concurso, favoreciendo a dicha sociedad; anticiparon al empresario los criterios del concurso “mucho antes” de su publicación para darle ventaja; redujeron al máximo e ilegalmente el tiempo de presentación de ofertas, y utilizaron una valoración irregular y con intervención de terceros que posibilitase a Marportunbeach Mallorca el adjudicarse el lote de mayor importancia, según apunta el Ministerio Público en su escrito.
En todas estas gestiones estuvieron involucrados los cuatro procesados restantes, ya fuera cooperando en la normativa, interviniendo en la redacción de pliegos, firmando como propias valoraciones no realizadas o, incluso, estrellando de manera intencionada un coche contra un establecimiento, propiedad de otra empresa licitante en el concurso, para coaccionarle.
En detalle, el fiscal señala que el alcalde y el concejal contrataron verbalmente a una persona ajena al Ayuntamiento para que redactase los pliegos para favorecer a la mercantil del empresario acusado.
De este modo, el falso contratado modificó lotes de licitación, alargó la duración del contrato o estableció como exigencias requisitos que hasta ahora no se habían contemplado, entre otros cambios.
Después, el hombre contratado verbalmente presentó al Consistorio un presupuesto por la asistencia técnica para la redacción de los pliegos técnicos de explotación de servicios temporales de playas por 2.400 euros, aunque luego aplicó un descuento del 65 por ciento. Más tarde, presentó la factura al secretario del Ayuntamiento, también procesado en esta causa, que conformó y posibilitó su pago.
Por otro lado, Fiscalía sostiene que el concejal proporcionó la información sobre estos requisitos al empresario, permitiendo así que tuviera más tiempo para preparar una oferta y que acabara recabando, presuntamente, cuatro proyectos de dotación de servicios para las diferentes playas y adquirir remolques y vehículos.
Pocos días antes de la publicación oficial del concurso, el concejal entregó los pliegos a otra persona “para disfrazar el trato a favor” que estaba dando al empresario acusado, según el fiscal.
Atendiendo el escrito, el Ministerio Público también menciona otras presuntas irregularidades en el marco de esta concesión, como por ejemplo permitir que el administrador de otra empresa presentara su oferta en un sobre con un sello de Marportunbeach, ignorándose dicha evidencia de posible vinculación entre ambas empresas.
Asimismo, el fiscal relata que un ingeniero municipal, sexto encausado, sin haber participado en el proceso firmó un informe para dar apariencia de validez del procedimiento.
Respecto al séptimo acusado, trabajador de la empresa Marportunbeach Mallorca, Fiscalía apunta que fue quien estrelló un coche de manera intencionada contra otra empresa que también había licitado en el concurso.
PENAS SOLICITADAS
El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, de fraude a la administración, de revelación de secretos por funcionario, de aprovechamiento de secretos por particular y de coacciones.
Así, pide para el exalcalde Gabriel Tauler la inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público y del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 20 años por prevaricación administrativa y fraude. Además, solicita dos años de cárcel por el delito de fraude.
Para el concejal, por los delitos de prevaricación, fraude y revelación de secretos, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel y 23 años de inhabilitación.
El empresario, por su parte, se enfrenta, por los delitos de prevaricación, fraude y uso de información secreta, a cuatro años de cárcel, inhabilitación de nueve años para ejercer un cargo público e inhabilitación para obtener beneficios o incentivos fiscales durante 12 años y medio.
Para el secretario del Ayuntamiento se solicitan, por prevaricación y fraude, dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público.
En su caso, el contratado verbalmente se enfrenta a una pena de dos años de cárcel, a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y a cuatro años y medio de inhabilitación para gozar de beneficios fiscales, por los delitos de prevaricación y fraude.
El fiscal pide también al ingeniero municipal, por prevaricación y fraude, dos años de cárcel y una inhabilitación para ejercer un cargo público de 20 años.
Por último, para el trabajador de la empresa presuntamente beneficiada, pide dos años de cárcel y que indemnice a la empresa contra la que estampó un coche, supuestamente, en la cantidad que se determine por los desperfectos ocasionados.
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