La Fiscalía pide una multa de tres millones de euros para la empresa y condenas de ocho años de cárcel para los acusados
La Policía los detuvo en Cádiz tras abandonar la Isla; no pudo rastrear el dinero, que fue extraído en efectivo
PALMA, 15 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará esta semana, desde las 09.30 horas del lunes, a tres personas de una misma familia acusadas de una estafa inmobiliaria más de medio millón de euros con una quincena de víctimas en Mallorca.
Los acusados son un matrimonio y su hija, de 41, 51 y 23 años. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una condena de ocho años de prisión y multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada. Los tres fueron detenidos por la Policía Nacional en Cádiz en 2022 tras abandonar la isla.
Los hechos se sitúan entre los años 2019 y 2021. La Fiscalía sostiene que, a través de una empresa domiciliada en Es Rafal Nou, ofrecieron a las víctimas la compra de inmuebles urbanos –principalmente viviendas– a precios muy competitivos, sólo para quedarse las arras y depósitos sin tener realmente ninguna intención de ejecutar las operaciones. El importe defraudado alcanza los 543.800 euros.
Según informó en su momento la Policía, la principal investigada, que ejercía las labores de agente inmobiliaria, era una persona muy conocida en determinados barrios de Palma. Algunas de las víctimas son personas con pocos recursos económicos. Según los investigadores, la mujer ofrecía toda clase de excusas en relación a las cantidades que iba pidiendo en pagos sucesivos, supuestamente para formalizar hipotecas.
Agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional analizaron las cuentas bancarias de los presuntos estafadores y comprobaron que todo el dinero que habían ingresado se había extraído en efectivo, sin dejar rastro.
Los policías detuvieron a los sospechosos en una localidad de Cádiz cuando, al parecer, la familia planeaba desplazarse a otra región en breve. El matrimonio lleva desde entonces en prisión provisional.
Además de las responsabilidades individuales de los tres acusados, la Fiscalía solicita que se imponga a la mercantil una multa de tres millones de euros. Igualmente reclama que devuelvan a los perjudicados las cantidades defraudadas más intereses.
- Te recomendamos -
