PALMA, 17 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha intervenido 13 armas de aire comprimido que superaban los límites de potencia de disparo con las que llevaban a cabo controles poblacionales de palomas y gallinas en diversos puntos de Baleares.
La bautizada como operación ‘Skade’, que fue llevada a lo largo del pasado diciembre por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se ha saldado con la inspección de un total de 48 armas.
De éstas, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, han sido intervenidas 13 al haberse verificado que su potencia de disparo superaba los límites establecidos, por lo que para su posesión sería necesaria una licencia superior a aquella con la que contaban sus dueños.
Las actuaciones siguen en curso y los agentes están a la espera de los informes perciales sobre las armas incautadas para determinar si abren un expediente administrativo o penal a sus propietarios por la modificación y posesión sin tener el permiso pertinente.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de las numerosas quejas y denuncias interpuestas por particulares y asociaciones acerca de un aumento de los controles poblacionales mediante técnicas letales de aves columbiformes (palomas, tórtolas o similares) y galliformes (principalmente gallos y gallinas) en varios puntos del archipiélago.
Según la normativa, este tipo de controles, cuando se realizan en el ámbito urbano, deben contar con autorizaciones administrativas previas y en ellas se debe priorizar el uso de métodos no letales.
De este modo, y al comprobar que los sospechosos estaban empleando armas de aire comprimido, los agentes se pusieron en contacto con diversas empresas dedicadas al control de la fauna, para contrastar qué técnicas empleaban, y con organismos públicos.
Así determinaron que el uso de este tipo de armas, debido a su escasa potencia de disparo, están exentas de un control por parte de los especialistas del Instituto Armado pero sí requieren la posesión de una tarjeta de armas de la cuarta categoría, que expiden los ayuntamientos.
En las sucesivas inspecciones llevadas a cabo en el marco de esta operación, los investigadores del Seprona verificaron que al menos 13 de las armas de aire comprimido superaban de forma notoria el límite de potencia –24,2 julios–, llegando a duplicar y casi triplicar dicho valor. Con esta capacidad, sus propietarios hubieran necesitado contra con una licencia tipo E para su posesión y utilización.
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