PALMA, 22 (EUROPA PRESS)
El Consell de Govern ha dado luz verde al Decreto que establece la organización administrativa y el procedimiento para garantizar el acceso a la información pública en la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes de su sector público.
Este Decreto representa un paso fundamental para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental y administrativa.
Según han indicado en una nota de prensa, el derecho de acceso a la información pública tiene una importancia primordial en una sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos acceder a la información generada y custodiada por las instituciones y los organismos públicos.
Este acceso contribuye a promover una participación ciudadana informada y a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre los asuntos de interés público.
El nuevo Decreto, en consonancia con la legislación básica estatal (la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) y la autonómica (la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares), regula un marco jurídico claro y preciso para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, y mejora su seguridad jurídica.
Además, y dado que por razones de economía y eficiencia la gestión y la tramitación de las solicitudes ambientales ya se llevan a cabo con la misma estructura organizativa que gestiona las solicitudes de la Ley 19/2013, se ha optado por regular en un único reglamento el procedimiento para acceder a la información pública de carácter general y la de contenido ambiental, de manera que la ciudadanía no tendrá que recurrir a normas ni a órganos diferentes para obtener información sobre cualquiera de estas materias.
A pesar de la novedad de la regulación, el Decreto no parte de cero, sino que recoge el bagaje y la práctica de años de gestión de solicitudes que han generado un conocimiento y una experiencia valiosa que se plasman en la nueva norma.
De hecho, las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en la Administración de la CAIB y sus entes ha experimentado un aumento exponencial, dado que ha pasado de las 58 peticiones en todo 2016 (primer año completo de vigencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, a las comunidades autónomas) a las 505 del año 2022.
Con la aprobación de este Decreto, la Administración de la Comunidad Autónoma reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.
Este Decreto también implica mejorar los mecanismos de control y de garantía del acceso a la información pública y fomentar una administración más abierta y accesible para todos.
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