PALMA, 27 (EUROPA PRESS)
El PP ha solicitado a la UE que investigue y suspenda el nuevo registro de turistas promovido por el Gobierno de España, al que han calificado de “Gran Hermano” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los ‘populares’ han asegurado que el comisario de Justicia, Michael McGrath, les ha contestado a una pregunta escrita de la portavoz del PP Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, que ya evalúa el Real Decreto 933/2021 “a la luz de la legislación de la UE en materia de protección de datos”, según ha trasladado el PP en una nota de prensa.
“El PP no va a permitir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos. Este Gran Hermano no es más seguridad es más control y se llegará hasta el final en Europa para denunciar esta obsesión del gobierno por controlarlo todo”, ha manifestado Montserrat.
La eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs ha aseverado que en el archipiélago se vive con “especial preocupación” esta “vulneración” de las leyes protección de datos, por eso les parece importante que la Comisión Europea analice la nueva normativa.
“Hay que lograr que el Ministerio del Interior recule y suspenda el nuevo registro de turistas porque este afectará un sector esencial en productividad y creación de puestos de trabajo”, ha afirmado.
En su escrito, el comisario ha indicado al PP que, a escala de la UE, la Comisión pretende “reducir, en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes, incluidas las empresas turísticas”.
El PP ha remarcado que la comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, “sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión”.
Montserrat ha señalado que desde hace meses las obligaciones de información impuestas en lo que ha denominado como el “‘Gran Hermano de Marlaska’, han despertado fuertes críticas del sector turístico nacional e internacional”, ya que se ve obligado a recabar hasta 43 datos personales, “muchos de ellos sensibles, de índole parental y financiero de todos sus clientes, con infracciones graves de hasta 43.000 euros”.
La europarlamentaria ha manifestado que España “no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el sector turístico”, puesto que ha incidido en que es “uno de los pilares fundamentales de la economía”.
“Mientras Bruselas busca aliviar la carga administrativa y la burocracia en las empresas, el Gobierno les impone más regulaciones, más controles y más burocracia. Esto no se va a permitir”, ha insistido.
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