PALMA, 4 (EUROPA PRESS)
El Parlament ha aprobado este martes la convalidación del decreto para el turismo responsable y la mejora de la calidad en zonas turísticas, que renombra el anterior de ‘turismo de excesos’, y ha rechazado su tramitación como proyecto de ley.
Cabe recordar que el nuevo decreto incluye, como novedad, la prohibición de beber alcohol en la calle en las zonas reguladas con sanciones que van de los 500 a los 1.500 euros. El mismo tendrá, además, una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La nueva redacción contempla, de otro lado, algunas correcciones y modificaciones para que el decreto se adapte a la situación actual. Por ejemplo, se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y Sant Antoni de Portmany, y se modifican las de Calvià, que disminuye en metros, y Llucmajor, a petición de los ayuntamientos. También se modifica la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.
Igualmente, queda prohibido, para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo, acercarse a menos de una milla náutica (1,852 km) de las zonas afectadas por este decreto, y también se prohíbe la recogida o desembarco de pasajeros dentro de estas zonas.
De otro lado, se establece el deber, por parte de los ayuntamientos afectados por el decreto, de informar, con una periodicidad mínima anual, a los consulados que forman parte de la Comisión de Excesos del número de incidencias detectadas por incumplimiento de las ordenanzas cívicas municipales.
Asimismo, incluye una reserva de un máximo de cuatro millones de euros anuales del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) para cada uno de los municipios afectados. En total serán 16 millones al año para la financiación de proyectos referentes a medidas de mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en las zonas determinadas y afectadas por este Decreto.
INTERVENCIONES DURANTE EL DEBATE DEL DECRETO
El encargado de defender la iniciativa ha sido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, quien ha señalado que “no es incompatible” reconocer la aportación del sector turístico en la sociedad y, a la vez, saber que “no se puede continuar creciendo en volumen y que el hecho de ser un territorio frágil y limitado obliga a hablar de gestión, de sostenibilidad y sí, de límites”.
Sobre el cambio de nombre del decreto, ha lamentado la costumbre de asociar “la terminología negativa al hecho turístico”, como ocurre con el término ‘excesos’, y por ello ha optado por “un título que pone en valor el objetivo claro de este decreto y, al mismo tiempo, favorece la imagen turística de las Islas”.
Seguidamente, se ha detenido en las distintas medidas que contempla el nuevo decreto, esperando el “consenso” de la Cámara, “sin perder de vista que el objetivo es que un día no sea necesario este decreto”.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha adelantado, durante su intervención, su apoyo al decreto, con el objetivo de “fomentar un turismo de calidad que respete las normas y a los residentes sin recurrir a prohibiciones excesivas que limiten las libertades individuales”.
En esta línea, ha puesto en valor las medidas que plantea el nuevo decreto, aunque ha mencionado algunas carencias, bajo su juicio, de la norma, por ejemplo la reducción de sanciones, medidas para luchar contra el intrusismo y la venta ambulante ilegal en zonas turísticas, o la creación de una policía turística “en lugar de crear más comisiones”.
El siguiente en intervenir ha sido el diputado del PP Jacobo M. Varela, quien ha agradecido la labor de Bauzà y su equipo para la modificación del decreto.
“Estamos ante un Govern valiente, dialogante y responsable, porque afronta un complejo reto que no se ha afrontado en ocho años y lo hace buscando el consenso que requiere una cuestión como la que hoy nos ocupa, con la participación de más de 140 entidades y agentes en la mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad”, ha señalado.
También ha cuestionado que algunos grupos rechacen esta convalidación, refiriéndose a una “hipocresía” del PSIB-PSOE, y ha prometido que continuarán haciendo “los ajustes necesarios para seguir mejorando y que llegue a no ser necesario el decreto por pérdida de objeto”.
Del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Llorenç Pou ha pedido tener en cuenta este martes la “confrontación entre lo que se dice y hace”, insinuando que si sale “una cosa distinta a lo que se dice en el BOIB, se está mintiendo”, y pidiendo que estas cuestiones se tramiten como proyecto de ley y no como decreto ante las “incongruencias” que presenta.
Igualmente, ha criticado que el Ejecutivo haya aprovechado el decreto para modificar la ley de Deportes, lamentado los “pasos atrás en valores democráticos”.
“No es que sea una novedad, ya nos lo ilustraron en la supresión de la Oficina de Anticorrupción, pero ahora sabemos que la falta de transparencia y democracia también la quieren extender a otros ámbitos, en este caso, en el campo del deporte”, ha reflexionado Pou.
Seguidamente, el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha ironizado con algunas de las medidas “revolucionarias” del decreto.
“Evita que los turistas tengan que firmar un papel, elimina unos cuantos carriles en dos de las cuatro zonas afectadas, permite anunciar ‘party boats’ y suplanta una competencia municipal”, ha cuestionado el ecosoberanista, quien también ha pedido la tramitación de este decreto como proyecto de ley, ofreciendo su abstención y no su voto en contra si así se hacía.
La siguiente en intervenir ha sido la representante de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien se ha referido al contenido del decreto. “Es casi un camino hacia atrás en responsabilidad”, ha censurado.
Y por su parte, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha incidido en el “abuso” del Govern con los decretos ley. “Tiene que acabar esta forma de gobernar autoritariamente”, algo “especialmente grave cuando, encima, el decreto ley es ómnibus y toca varios temas”, ha expresado el menorquinista.
- Te recomendamos -
