PALMA, 10 (EUROPA PRESS)
El juicio por el caso Cursach se ha retomado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares con la declaración de un ex trabajador de la discoteca Megapark, concretamente se dedicaba a seguridad.
Al comienzo de su declaración, a preguntas de la Fiscalía, ha asegurado que conocía a algunos policías. En detalle, ha hablado del agente Carlos Vallecido, para el que el Ministerio Fiscal solicita seis años y medio de cárcel.
Con este ex trabajador de Cursach comienzan las sesiones en las que más de 300 testigos declarán ante el Tribunal, que preside la jueza Samantha Romero. Precisamente fue Romero quien comunicó, en julio, tanto al Ministerio Fiscal como acusaciones particulares y abogados de la defensa que el proceso judicial continuaría después del verano.
La última sesión tuvo lugar el pasado 15 de julio, justo un mes después de que comenzara en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Cabe recordar que la vista oral está señalada por la Sección Primera hasta abril del año próximo y, antes del inicio, el Ministerio Fiscal tachó partes del escrito inicial, retirando la acusación contra ocho personas, una de ellas fallecida durante la fase de instrucción judicial.
Estas nuevas conclusiones prescindían de más de 20 folios del relato firmado por el propio Carrau y el fiscal Miguel Ángel Subirán –que irá a juicio por la instrucción principalmente del ‘caso ORA’– a finales de 2018, cuyo eje principal era el delito de cohecho al considerar que los acusados del grupo Cursach “dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo”.
Con todo, los fiscales tacharon sobre el anterior escrito cualquier referencia de favorecer al entramado empresarial de Cursach y describían las actuaciones y decisiones “arbitrarias e injustificadas” de los responsables de la Policía Local de la Patrulla Verde y agentes que se dedicaron durante años a inspeccionar locales para generar “perjuicios económicos a diversos empresarios”.
En la primera jornada del juicio, que fue el 13 de junio, el Tribunal decidió absolver a seis de los acusados después de que Fiscalía y acusación particular retiraran los cargos y los abogados de la defensa exigieran su absolución.
En concreto, se trataba del ex director de la discoteca Tito’s Jaime Lladó, el trabajador de Tito’s Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau.
También los abogados de la defensa pidieron la nulidad del escrito del Ministerio Fiscal por las modificaciones realizadas, algo que el Tribunal desestimó. Una vez que los letrados expusieron sus cuestiones previas y la mayoría solicitó la anulación de la instrucción judicial por las “irregularidades cometidas” en la investigación del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, la Audiencia acordó continuar.
En ese auto, de más de 200 páginas, el Tribunal justificaba su decisión de seguir adelante con la vista oral al no contar “con elementos que acrediten con la contundencia necesaria para un pronunciamiento de nulidad o absolución”. Por ello, emplazó a escuchar a los testigos para “valorar la existencia de contradicciones entre lo declarado y lo que declare ahora”.
Seguidamente a este auto judicial, comenzaron las declaraciones de los investigados. El empresario Bartolomé Cursach, principal encausado, y el ex director del Grupo Cursach, Bartlomé Sbert, se acogieron a su derecho de no declarar después de que el Tribunal negara una petición en bloque de los abogados de la defensa de que se alterara el orden de testimonios para que primero lo hicieran los testigos y, después, los procesados. Es más, el letrado de Cursach, Enrique Molina, apostilló: “He recomendado a mi representado que no declara hasta saber de qué va el juicio”.
En un principio, Cursach se enfrentaba a ocho años y medio de prisión, pero después de la modificación del escrito del Ministerio Fiscal, vio rebajada la solicitud de pena a un año y medio de cárcel. En detalle, la Fiscalía le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación, pero retiró los cargos de cohecho y acciones.
Tras sus negativas, declararon el resto de los acusados: Joan Miquel Mut (12 años de inhabilitación), Bartolomé Capó (un año y tres meses de cárcel), Feliciano Franco (dos años de cárcel), Gabriel Torres (tres años y medio de cárcel), Gabriel Mayol (nueve años y medio de cárcel), José Mayans (seis años y medio de cárcel), Rafael Amengual (dos años de cárcel), Carlos Vallecillo (seis años y medio de cárcel), Carlos Tomás (seis años y medio de cárcel), Nicanor Góngora (seis años y medio de cárcel), Jaime Nadal (absolución), Felipe Florit (dos años de cárcel), Rafael Estarellas (dos años de inhabilitación), Tomás Mas (multa) y Daniel Montesinos (8 años de cárcel).
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