PALMA, 4 (EUROPA PRESS)
Un interventor del Ayuntamiento de Palma, que ha declarado este lunes como testigo en el juicio contra los investigadores del caso Cursach, ha opinado que el proceso de contratación de la ORA pudo ser fraudulento, aunque ha reconocido no poder probar manipulaciones o alteraciones.
En detalle, respondiendo a preguntas, primero, del Ministerio Fiscal, el testigo ha remarcado que no puede demostrar que se dieran manipulaciones o intervenciones de los técnicos o alteraciones en el contrato ORA.
Con todo, contestando después a la defensa de Penalva y Subirán, ha manifestado que el proceso de contratación pudo ser fraudulento, según ha dicho, “por los criterios de adjudicación, en la fórmula económica y en los criterios objetivos y detalles”. “Tengo una opinión formada”, ha matizado.
En esta línea, el interventor ha contado al Tribunal que, por norma general, “siempre la mejor oferta es la que tiene más puntuación”, pero cuando los puntos de los criterios subjetivos superan unos puntos determinados, debe constituirse una comisión de expertos. En este caso, ha apuntado el testigo, primaron los criterios subjetivos.
Así, se ha mostrado en desacuerdo con la fórmula usada en el caso de la ORA, porque, tal y como ha explicado, existen otras en las que el contratista no sabe los puntos que tendrá.
Seguidamente, preguntado por una de las defensas sobre un informe de intervención en relación a los pliegos del caso ORA, el testigo ha insistido en que “hay un abanico abierto de fórmulas” y que, si la fórmula es legal, Intervención no puede decir nada al respecto.
Además, ha asegurado que se llegó a comentar la posibilidad de paralizar el concurso, pero que ellos no tienen esa capacidad. “Teníamos sospechas de un posible amaño, pero insisto en que no lo puedo probar, es una opinión mía”, ha remarcado el interventor.
OTRAS DECLARACIONES DE TESTIGOS
Cabe destacar que este lunes se ha retomado el juicio, tras mes y medio de parón, contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera, para quienes piden cerca de 600 años de prisión por presuntas irregularidades durante la investigación.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acogido este lunes el reinicio del juicio con las declaraciones de más testigos.
El primero de ellos, un abogado que representó a un detenido del caso ORA, ha testificado que, en el momento de la declaración de su cliente ante la Policía, “había unos funcionarios policiales, uno o dos”, pero que “ahora” no lograba identificar.
Asimismo, ha recordado que, una vez finalizó su declaración, se personó el fiscal Subirán y, en ese momento, su asistido “prefirió no seguir declarando”. Por ello, el fiscal decidió abandonar la comisaría, porque su cliente no iba a contestar a sus preguntas.
El testigo ha contestado también a las preguntas del abogado de Penalva y Subirán, a quien ha respondido que su actuación en la causa fue de oficio y que su cliente paró de contestar sin ninguna presión.
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