PALMA, 5 (EUROPA PRESS)
El grupo de trabajo de Vivienda del Cercle de Mallorca reivindica una mayor agilidad administrativa y adecuar tasas y suprimir el impuesto de construcción y obras (ICO) como medidas encaminadas a solventar el problema de acceso a la vivienda que sufre Baleares.
El grupo, coordinado por el arquitecto Pere Nicolau, organizó un debate informado en el que participaron la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger; el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Luís M. Martín; el president de la Demarcación de Mallorca del Colegio de Arquitectos, Joan Cerdà; el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Baleares (API), José Miguel Artieda; y el abogado y socio de IllesLex Abogados Javier Blas.
Ahora, ha presentado las conclusiones de este trabajo, con el que tratan de identificar posibles causas y realidades vinculadas a esta problemática y formulan diez propuestas.
La primera conclusión de este debate se centra en el elevado crecimiento que ha experimentado Baleares como territorio limitado. El ritmo de crecimiento en la última década ha sido de 19.000 habitantes al año, cuando se han construido sólo 2.500 viviendas por año. El perfil de los nuevos habitantes es variado y con necesidades habitacionales distintas: desde trabajadores para el sector comercio, restauración y turismo “con salarios inferiores a la media nacional” a “extranjeros con alto poder adquisitivo que buscan viviendas”.
En este contexto, el parque público de vivienda es “insuficiente”: “El año pasado el Ibavi sólo hizo alrededor de 150 viviendas. A ese ritmo necesitaría 30 años para dar un piso social a las más de 4.500 personas que hay en lista de espera”, razonan.
El documento de trabajo constata cómo el precio por metro cuadrado se ha duplicado en los últimos tres años y cómo también han subido significativamente los precios de la construcción. En este punto consideran que hay tasas administrativas “excesivas” en las construcciones, “especialmente el ICO, casi un 5% del presupuesto real actualizado”.
Igualmente reprochan falta de flexibilidad en los plazos de caducidad de licencias, así como un modelo administrativo “obsoleto” y “muy lento” con hasta tres años de espera para obtener una licencia; aprecian una “falta de planificación estratégica” del Govern “a largo plazo” y falta “de enfoque y priorización para un diagnóstico correcto” –en este punto citan las propuestas legislativas respecto a grandes propietarios–; y otros problemas como la okupación o la situación de población vulnerable.
PROPUESTAS
El documento elaborado por el grupo de trabajo también plantea diez medidas como posibles soluciones. Una de ellas pasa por contemplar nuevas modalidades de vivienda en cuanto a tamaños, alturas, ubicación, densidades o uso como residencias temporales.
Consideran necesario suprimir el impuesto de obras y adecuar las tasas administrativas, “al ya existir la tasa de licencia urbanística cuya legitimidad es precisamente para los costes de revisar la documentación presentada en petición de licencia”; dar más flexibilidad en los plazos; y desarrollar un programa informático para dar agilidad a los trámites y simplificarlos. Estiman que con esa aplicación podrían reducir a un tercio los plazos de espera actuales.
En esta misma línea animan a articular “sólidas” colaboraciones público-privadas para desarrollar parque público, como por ejemplo mediante la cesión de suelo público para la promoción de viviendas oficiales con alquiler garantizado durante un periodo determinado.
Asimismo, inciden en la necesidad de potenciar instrumentos ya previstos en las leyes pero para los que no se han desarrollado reglamentos.
En cuanto al alquiler, creen que se debe aumentar la seguridad jurídica de los arrendadores, “especialmente en el tema de las okupaciones”, e incentivar la oferta a través de medidas fiscales. También proponen subvencionar la diferencia entre el precio del alquiler de mercado en determinadas situaciones personales o familiares concretas, “aunque no necesariamente extremas para las que los servicios sociales ya proveen de alojamiento para estos casos”.
En cualquier caso, reconocen que “las soluciones requieren tiempo” y que el problema es “plural” y complejo, por lo que incluyen en este listado la propuesta de “mantener un foro abierto de debate”.
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