PALMA, 5 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas ha aclarado este miércoles que 228 expedientes que estaban pendientes de incoarse en la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y que se refieren a denuncias de entre 2021 y 2024 seguirán su tramitación en los órganos correspondientes.
Fuentes del departamento que dirige Antònia Estarellas han explicado que estos procedimientos seguirán su tramitación en la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios y no decaerán, como había afirmado la consellera durante una comparecencia en el Parlament.
Ha sido en esta comparecencia solicitada por el PSIB en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales donde Estarellas ha afirmado que con la liquidación de la Oficina en virtud de la ley de transparencia los 228 expedientes mencionados habrían caducado y que, al margen de estos, se han entregado al Parlament para su custodia unos 300 expedientes ya finalizados, mientras que dos que estaban iniciados se están tramitando según lo convenido.
Durante la comparecencia, Estarellas ha vuelto a defender la liquidación de la Oficina por su falta de transparencia y por suponer una duplicidad de funciones, mientras que el PSIB ha acusado al Ejecutivo de traer la opacidad a las instituciones. “Es el modus operandi del PP, tapar los posibles casos de corrupción”, ha concluido.
En relación a los expedientes pendientes de incoación, desde la Conselleria se ha señalado que la inspección de servicios ha planteado varias dudas jurídicas. En primer lugar, cuáles son las administraciones competentes por razón del objeto de la denuncia a las que se tienen que remitir los expedientes. Y en segundo lugar, qué medidas se tienen que adoptar para preservar la confidencialidad de los expedientes o si hay que dar trámite de audiencia a las personas que presentaron las denuncias antes de hacer la remisión de estas denuncias a otras administraciones.
Sobre la primera cuestión y las administraciones competentes, se ha constatado que actualmente no se ha constituido la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Por eso, inspección propone dar traslado a los Sistemas Internos de Información de las Administraciones denunciadas para que realicen una investigación de los hechos denunciados, y a su caso, propongan las medidas correctoras oportunas.
Las denuncias relativas a la Administración autonómica y sus organismos autónomos, el órgano competente será la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios. Con el fin de no saturar la acción de la justicia con denuncias que puedan estar poco fundamentadas, se enviarán los expedientes al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas en los casos que de la lectura de la denuncia y la documentación adjunta se desprendan indicios de criminalidad o de responsabilidad contable.
En relación a la segunda cuestión, la Inspección ha propuesto dar trámite de audiencia a las personas denunciantes antes de realizar esta remisión de las denuncias a otras administraciones públicas, para que puedan alegar aquello que consideren oportuno u oponerse a la remisión de sus denuncias.
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