El GOB también aplaude la aprobación en el Parlamento Europeo, pero advierte que “llega tarde”
PALMA, 2 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern ha celebrado la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos, al considerar que estos delitos “siempre han sido los menos sancionados y perseguidos”.
“Los delitos contra el medio ambiente siempre han sido los menos sancionados y perseguidos, muchas veces por falta de normativa específica y clara, y de condenas contundentes, a lo que se añade la falta de efectivos especializados –agentes de medio ambiente, Seprona o instructores–“, expresan fuentes de la Dirección General.
En esta línea, opinan que la normativa ambiental “muchas veces es difusa y dificulta la determinación de la gravedad de las sanciones y, en consecuencia, la imposición de sanciones”.
Por todo ello, celebran que la nueva normativa europea ayudará en este sentido, al especificar determinadas agresiones contra el medio ambiente que pasan a ser delitos y al aumentar las condenas cuando sean cometidos. “Y mucho más importante, la reiteración en la obligación de restaurar el medio ambiente afectado por los causantes de su deterioro”, concluyen desde el Govern.
EL GOB CREE QUE “LLEGA TARDE”
La portavoz del GOB, Margalida Ramis, también aplaude la aprobación de estas nuevas normas a nivel europeo, aunque ha considerado que “llega tarde”.
“Evidentemente, creo que se debe leer como una buena noticia que haya este reconocimiento, esta ampliación de lo que se consideran delitos medioambientales”, matiza en declaraciones Europa Press.
Eso sí, considera que la aprobación debe leerse “en el contexto actual en el que se toma esta decisión”, que, “seguramente, ahora mismo llega tarde”.
“Ahora mismo, a nivel global, hay una situación de irreversibilidad en determinadas cuestiones que afectan al equilibrio ecosistémico que sostiene la vida en el planeta que ya no sólo es necesario de tipificar dentro del Código Penal, sino que va más al nivel de un reconocimiento internacional de ‘ecocidio'”, reivindican desde el GOB.
Con todo, insiste en que es “una buena noticia” que se evidencie “esta impunidad”. “Determinados negocios e intereses a nivel global están haciendo absolutos desastres en términos ambientales que afectan a los recursos naturales de manera irreversible, que afectan a la biodiversidad o que ya han afectado a una cosa tan esencial como un equilibrio climático”, censura.
Por todo ello, añade que “bienvenido el debate y bienvenida la obligatoriedad del Estado de incorporarlo en su abanico de delitos medioambientales, pero esto lo tienen que hacer en un plazo de dos años y se tiene que leer en el momento clave actual, que es un momento de irreversibilidad en términos ecosistémicos y ambientales”.
Por tanto, las nuevas normas europeas “se quedan cortas”. “Es necesario, pero no es suficiente, ni mucho menos, este reconocimiento ante la gravedad de los hechos, que prácticamente han cambiado las reglas del juego ecosistémico”, sentencia.
LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA
La nueva directiva fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones. Contiene una lista actualizada de delitos, entre ellos el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
Además, garantiza que la nueva normativa incluya el denominado ‘delito cualificado’ como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio.
Cabe reseñar que la delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos.
Los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión; los que causen la muerte de una persona, con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años.
Todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, las multas alcanzarán el tres o el cinco por ciento de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
La Eurocámara insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medio ambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal. También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental.
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