PALMA, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por delito de odio abierta en el juzgado de Instrucción 1 de Palma contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por el episodio con las fotos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación, José Díaz Cappa, argumenta para solicitar el sobreseimiento provisional que tras la práctica de la instrucción no han quedado suficientemente acreditados los elementos para enmarcar los hechos en la tipificación de del delito de odio.
“No resulta acreditada la intención de lesionar la dignidad de las personas ni la motivación discriminatoria por parte del investigado”, dice el representante del Ministerio Público.
El fiscal considera en todo caso que es “absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación” de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y “manifiestamente criticable la acción del investigado”, pero que, a su juicio, no consta acreditado que la reacción de Le Senne, “inusitada y fuera de lugar” de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía, respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.
Más bien, cree el Ministerio Público, la reacción del presidente de la Cámara autonómica vino motivada por el hecho de que las socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieran sus indicaciones.
Cabe recordar que los hechos sucedieron en el pleno del 18 de junio del año pasado en el que se estaba debatiendo la toma en consideración de la derogación, que proponía Vox, de la ley de Memoria Democrática. En aquel momento, Le Senne acabó arrancando la fotografía que Garrido lucía en su ordenador, tras varios intentos para que fueran retiradas. Garrido y Costa acabaron expulsadas.
El fiscal delegado de Delitos de Odio cree que, una vez analizadas las declaraciones en instrucción y los vídeos de aquella sesión parlamentaria no ha quedado acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo del delito de odio, en este caso, “la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares”, ni tampoco que todo ello obedeciera a una motivación discriminatoria.
El Ministerio Público insiste en que no queda acreditado que el hecho de romper la fotografía obedeciera a una intención o motivación de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas ya fuera en su consideración de víctimas del franquismo o por los posicionamientos políticos que representaban.
Para el fiscal de la visualización de los videos de la sesión parlamentaria y de las declaraciones de los diferentes testigos se deduce la existencia de “un acto colérico de mala praxis y formas sin duda incorrectas” por parte del investigado mediante una acción absolutamente desafortunada y desproporcionada “ajena al mínimo decoro parlamentario y al puesto ejercido”, pero evidenciando más bien una reacción, fuera de lugar, que expresaba su fuerte enojo ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía reiteradamente para no poner o quitar la fotografía y que el investigado consideraba que formaban parte de sus atribuciones como presidente de la cámara.
El representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que el propio Le Senne reconoció que romper la fotografía fue inapropiado y aseguró que entendía que las familias se pudieran sentir molestas, por lo que pidió disculpas.
Se apunta también para argumentar el archivo que ni en los momentos previos al hecho de romper la fotografía, ni mientras tiene lugar este “inadmisible hecho”, ni inmediatamente después, el investigado profiriera descalificaciones o insultos o efectuase cualquier otro acto revelador de una voluntad clara de humillar o discriminar.
Las acusaciones, ejercidas por los colectivos Memòria de Mallorca, Estimada Aurora, el Partido Comunista y familiares de las víctimas, consideraban que había argumentos para sentar en el banquillo a Gabriel Le Senne al creer que actuó movido por motivos ideológicos.
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