Fiscalía pide la absolución del ex primer edil
PALMA, 3 (EUROPA PRESS)
El exalcalde de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) José Tur ha asegurado este lunes que la paralización en 2018 de un chiringuito en Cala Gració se hizo de acuerdo a la ley ya que la autorización inicial se había hecho en base a una información errónea del departamento de Costas sobre la calificación del terreno que se revisó tras el revuelo mediático y social que se levantó tras el visto bueno municipal.
En la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha comenzado este lunes y seguirá a lo largo de la semana el juicio contra el ex primer edil y una regidora por la paralización de un chiringuito desmontable en 2018.
La Fiscalía solicita que tanto Tur como la entonces regidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, también encausada, sean absueltos del delito de prevaricación del que se les acusa.
En su declaración, el exalcalde ha explicado que la Junta de Gobierno autorizó el chiringuito en base a una información de Costas que daba el visto bueno al proyecto y que determinaba la zona como tramo urbano.
Sin embargo, según ha relatado el ex primer edil, ante el revuelo social y mediático levantado, se revisó el expediente y los técnicos concluyeron que la información de Costas, consideraba por error, que la zona era tramo urbano.
Este revuelo se inició, además, dentro del propio departamento de Urbanismo, según ha declarado la entonces edil del área, también encausada. La entonces regidora también ha reconocido que no autorizó un certificado de final de obra que la empresa había solicitado, porque no habían informado de obra alguna.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el 23 de mayo de 2018 el departamento de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany dictó un decreto en el que se advertía a la empresa perjudicada que no podía iniciar su actividad, pese a que inicialmente había recibido permiso, en tanto no se expidiera un certificado municipal de finalización de obras.
Este decreto fue redactado con posterioridad a un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal fechado a 25 de abril por el que se concedía a la misma compañía el permiso de instalación que previamente había solicitado.
En concreto, para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre mediante la colocación de unas instalaciones desmontables –consistentes de un bar, un baño, una tarima de madera, 11 mesas y 38 sillas– en la zona de Cala Gració y por un periodo de cuatro años, entre 2017 y 2020.
Esta decisión, además, venía refrendada por la resolución dictada en julio de 2017 por la Demarcación de Costas de Baleares, en la que se dio luz verde a la instalación.
De cualquier modo, apunta el Ministerio Público, los acusados apoyaron su decisión de desautorizar la instalación en sendos informes elaborados por una arquitecta municipal y una inspectora de urbanismo, en la que se advertía de las irregularidades que presentaba el proyecto del chiringuito y se cuestionaba su adaptación a lo verdaderamente autorizado.
Así, el fiscal considera que no ha quedado acreditado que el cambio de criterio respecto a la legalidad de la concesión estuviera motivado por su propósito de perjudicar a la empresa mediante una decisión injusta y que, por lo tanto, los hechos narrados no son constitutivos de delito y deben ser absueltos.
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