PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
Las ramificaciones baleares del caso Koldo y la repetición del juicio con jurado popular a Pau Rigo, el anciano que mató a uno de los ladrones que asaltaron su casa de Porreres (Mallorca), han marcado la crónica judicial del 2024 en Baleares.
También este año han llegado a los tribunales de las Islas procedimientos en los que se han visto involucrados cargos o exaltos cargos públicos como el caso Multimedia, saldado con un acuerdo, o el caso Calanova, a la espera de conocerse la sentencia.
En los últimos días, además, se ha cerrado el caso del incidente protagonizado por una veintena de jóvenes marroquíes que bloquearon el aeropuerto de Palma al forzar un aterrizaje para entrar ilegalmente en España. Varios de ellos han aceptado condenas por sedición aérea y coacciones tras un acuerdo con la Fiscalía.
A lo largo del año han tenido eco y especial trascendencia otros asuntos como la condena por parte de un jurado a dos hombres por causar la muerte de un turista alemán arrojándolo de una furgoneta en marcha en octubre de 2022 o la condena a 138 años de cárcel a los cuatro autores de la violación grupal a una menor en una casa okupada de Palma, en lo que se conoció como ‘la manada del polígono de Levante’. La Audiencia también condenó a un matrimonio a penas de prisión y multas por una estafa inmobiliaria con una quincena de víctimas, muchas con pocos recursos.
EL CASO KOLDO EN BALEARES
La imagen de la silla vacía reservada a Koldo García en la comisión de investigación que se abrió en el Parlament por el caso Mascarillas fue una de las instantáneas destacadas del curso político tras el estallido de este episodio de presunta corrupción y en manos todavía de la Audiencia Nacional.
La declaración del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos en la Cámara autonómica iba a ser la imagen del año, pero no llegó a producirse. Koldo plantó por dos veces a los diputados.
La ramificación del caso que lleva el nombre del exasesor pasa en Baleares por la compra por parte del anterior Govern de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de las investigaciones, y las reclamaciones posteriores después de que los cubrebocas recibidos no se correspondieran con los demandados.
La caducidad del expediente de reclamación y la pérdida del montante abonado se convirtió en el principal caballo de batalla entre PP y PSIB. Los socialistas denunciaron al director general del IbSalut, Javier Ureña, por dejar caducar el expediente y poner en riesgo el dinero de la compra. El actual equipo del IbSalut defiende la vigencia y las gestiones llevadas a cabo. El Govern, además, inició un expediente para declarar nulo el contrato inicial y poder recuperar todo el dinero. Sobre la polémica planean todavía los supuestos contactos de la expresidenta Armengol con miembros de la trama.
La comisión de investigación del Parlament se cerró con unas conclusiones acordadas por PP y Vox y que consideraban que había evidencias de una presunta trama de corrupción y que la compra se hizo al margen de lo expresamente marcado por el Ministerio.
DOBLE JUICIO A PAU RIGO
El pasado 21 de noviembre, el jurado popular declaró por unanimidad a Pau Rigo no culpable del delito de homicidio del que se le acusaba por la muerte de uno de los ladrones que asaltaron su domicilio en Porreres en el año 2018. Días más tarde se conoció el contenido completo de la sentencia y la condena a tres años de prisión a los tres acusados de planificar y ejecutar el robo.
Con Pau Rigo recibiendo el abrazo de sus familiares a la salida de la Audiencia acababa un largo proceso marcado por la repetición de la vista después de que meses antes otro jurado declarara culpable al jubilado.
En aquel momento, sin embargo, tras detectar que no se había alcanzado la mayoría suficiente, se iniciaron una serie de recursos por los que finalmente se dictó la absolución y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ordenó repetir el juicio.
También con jurado popular se celebró entre noviembre y diciembre el juicio contra dos hombres acusados de matar a un turista alemán al que arrojaron de una furgoneta en marcha en la autopista de Llucmajor en octubre de 2022. El jurado consideró culpables por siete votos a favor y dos en contra a los dos acusados.
UNA YIHADISTA DE MENORCA Y LA EXCÚPULA DE SA NOSTRA
Además de estos casos, en septiembre, en el banquillo de la Audiencia Nacional se sentó por segunda vez la cúpula de la extinta Sa Nostra, acusada de apropiación indebida y de provocar la ruina de la entidad bancaria.
La Fiscalía pedía para los acusados, entre ellos los exdirectores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pablo Miguel Dols, cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación. Para el expresidente de Sa Nostra Fernando Alzamora y para el que fuera director de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops, solicitaba una pena de dos años y seis meses de prisión.
Por la Audiencia Nacional pasó también una mujer de Menorca acusada de yihadismo y que, según la investigación, se dedicaba a captar a otras personas: “¿No quieres inmolarte conmigo?” o “En el paraíso hay muchas doncellas”, fueron algunas de las consignas recogidas en las pesquisas.
También en Madrid, un nieto del fundador de Banca March fue condenado por un juzgado a pagar tres millones de euros por vender dos veces su mansión en Mallorca.
EXPOLÍTICOS EN EL BANQUILLO
En el capítulo de expolíticos que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, el conocido como caso Multimedia, en el que se vieron implicados excargos del PSIB como Antoni Manchado o Francisco Cano, se saldó con acuerdos para conseguir una rebaja de penas y evitar la prisión.
Igualmente, la Audiencia Provincial celebró entre noviembre y diciembre el juicio del caso Calanova, con el exconseller de Turismo Carlos Delgado entre los acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación de un puerto deportivo en 2013.
En otro caso a medio camino entre la política y los tribunales, el exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, aceptó una condena por agresión sexual a una mujer. Serra tuvo que ser cesado de su cargo por el Govern el año anterior tras conocerse las acusaciones.
CASOS EXÁMENES Y PABISA
La Policía Local de Palma también se ha visto salpicada por algunos de los procedimientos que se han dirimido en los tribunales del archipiélago. En febrero de este año varios excargos y funcionarios del cuerpo policial se sentaron en el banquillo acusados de alterar el resultado de una oposisión. El caso acabó con el exdirector general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Enrique Calvo, condenado a nueve meses de inhabilitación y con la absolución del resto de procesados.
También policías locales junto a empresarios de ocio nocturno tuvieron que responder ante la Justicia por unos supuestos sobornos para beneficiar a un empresario respecto a otro en Playa de Palma. El empresario y los policías fueron absueltos.
LAS MONJAS JERÓNIMAS
Este 2024 han llegado a los tribunales las diferencias en relación a la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, pendiente ahora de un recurso que el Obispado de Mallorca presentó ante el Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Provincial determinara que la propiedad del enclave pertenece a las monjas Jerónimas.
El año acaba con el auto, conocido recientemente, por el que se acuerda la apertura de juicio oral al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, junto a otras 12 personas, por el presunto amaño de varios contratos públicos en Maó e Ibiza, en el marco del caso Puertos. Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente de la APB.
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