PALMA, 26 (EUROPA PRESS)
La Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (Apaema) ha apuntado que los suelos han sido los “grandes olvidados” de la contaminación y reclaman la aplicación de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, porque “a veces hay marco legal pero no se acaba de implementar”.
Así lo ha indicado la socia de la organización y bióloga Aina Calafat, quien ha considerado que las Administraciones –en los distintos niveles– “no toman las suficientes medidas para proteger los suelos de la contaminación”.
La también técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) ha sido consultada por Europa Press con motivo de la reciente aprobación de la propuesta de la Comisión Europea para crear una Ley de Vigilancia del Suelo y ha apuntado que en las últimas décadas se ha empezado a dar más importancia a los suelos, “prueba de ello son las diferentes directivas y normativas que han salido al respecto”.
Sin embargo, ha incidido en que “desde que sale una norma hasta que se empieza a implementar y se ven resultados siempre pasa tiempo”, algo que ha achacado a la “falta de recursos” para su aplicación y la “falta de información de la ciudadanía”, ya que ha reconocido que “cada vez está más concienciada” con la contaminación de los plásticos en el mar pero en el suelo “no lo están tanto”.
En referencia a los contaminantes de suelos más habituales que se pueden ver en Baleares, Calafat ha relatado que, años atrás, las viñas del archipiélago estaban aquejadas de la yesca -enfermedad que pudre la madera de la vid– y se les dio un tratamiento que contenía arsénico, por lo había una contaminación “bastante extendida” pero ya “se ha eliminado de la mayoría de suelos”.
Ahora, ha situado entre los “contaminantes emergentes” los microplásticos empleados en el acolchado de los cultivos, de los que ha alegado que hay fincas de agricultura convencional con “contenidos muy altos de fragmentos de estos plásticos”.
En ese sentido, ha resaltado las “garantías” y los “inconvenientes” de la producción ecológica, dado que un payés que opte por este modelo de agricultura tiene la “obligación” de tomar “medidas preventivas” para evitar que los contaminantes lleguen al producto que pone para el mercado y si tiene un vecino que hace este tipo de tratamientos, “tiene que hacer una barrera vegetal o renunciar a sembrar una parte de su finca”.
Otra de las limitaciones de la agricultura ecológica ha afirmado que está en los lugares en los que hay depuradoras dado que “pueden contener metales pesados que después se quedan en los suelos, que después pasan a las plantas”, por lo que “no está permitido hacer agricultura ecológica en estos sitios” mientras que ha aseverado que “la agricultura convencional se está extendiendo mucho por lugares donde hay depuradoras”.
“Con la nueva directiva también se tendrá cuáles son los metales pesados que se aportan al suelo, dónde y en qué concentración”, ha alegado, ya que “un suelo fértil tarde millones de años en formarse y con una práctica se puede hacer desaparecer en cuestión de meses”.
Del mismo modo, ha citado otras fuentes de contaminación de los suelos en Baleares, como el caso de los plaguicidas agrarios, las incineradoras, la central térmica de Es Murterar, los vertederos ilegales, al plomo del cemento o de los perdigones de caza, entre otros.
Para la retirada de esta contaminación, ha explicado que la FAO y la propia UE fijan algunas estrategias como la plantación de determinados cultivos para que acumulen estos contaminantes, retirar el cultivo y almacenarlo en algún lugar en el que no continúe contaminando suelos y aguas u otra con microorganismos, que se deberían encontrar en los suelos de manera “natural” pero ha incidido en que con la agricultura intensiva “se ha perdido gran parte”.
CINCO CALIFICACIONES DE SUELO
La Ley de Vigilancia del Suelo deberá ser tramitada por el próximo Parlamento Europeo que salga de las elecciones del próximo 9 de junio y en ella se pide a los Estados miembros que investiguen, evalúen y limpien suelos contaminados para abordar riesgos “inaceptables” para la salud humana y el medio ambiente.
En la iniciativa legislativa se establece que los costes de las labores de descontaminación les corresponderá abonarlos a quienes contaminan, de conformidad con el principio de “quien contamina paga”.
La Eurocámara ha apoyado así el objetivo general de tener unos “suelos saludables” para 2050 y la nueva ley obligará a los países de la UE a monitorear y evaluar la salud de todos los suelos en su territorio y las autoridades nacionales podrán aplicar los descriptores de suelo que mejor ilustren las características de cada tipo de suelo a nivel nacional.
Los eurodiputados proponen una clasificación de cinco niveles para evaluar la salud del suelo: estado ecológico alto, bueno, moderado, degradado y críticamente degradado y sólo los suelos con un estado ecológico “bueno” o “alto” se considerarían saludables.
Según la Comisión, se estima que en la UE hay 2,8 millones de suelos potencialmente contaminados, por lo que los eurodiputados apoyan la exigencia de elaborar una lista pública de estos lugares en todos los países de la UE a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de esta directiva.
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