MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Vox tachó este viernes de “burda estafa publicitaria” el informe de Naciones Unidas tras la petición de amparo presentada por el Gobierno para la derogación de leyes de memoria histórica en comunidades en las que este partido gobierna en coalición con el Partido Popular que, según la ONU, vulneran los tratados internacionales.
Fuentes de Vox señalaron que el autor del citado informe “no es la ONU, sino tres ‘relatores’ que, además de trabajar” para Naciones Unidas, “ahora han elaborado este informe a petición del Gobierno” probablemente porque “les interese llevarse bien” con Moncloa después de ver cómo “se enriquece todo el entorno del presidente, incluidos compañeros socialistas con contratos de pandemia”.
En este sentido, señalaron que es “una pena” que estos “relatores” no hayan mostrado su interés por las invasiones migratorias, por el aumento de los delitos sexuales en España, por los índices de pobreza “cada vez más altos”, por los “constantes ataques” de este Gobierno a la separación de poderes y al Estado de derecho o por los “homenajes a etarras de los socios de Sánchez”.
Asimismo, estas fuentes de Vox comentaron que la ONU tampoco ha dicho nada cada vez que “asociaciones financiadas por el Gobierno han enterrado de vuelta cadáveres exhumados sólo porque no les gustaba el bando en que habían luchado en la Guerra Civil”.
Por tanto, continuaron, se trata de un informe que evidencia para “qué sirven estos organismos globalistas”: no para observar y ayudar a los países a solucionar las necesidades “reales y concretas” de sus ciudadanos, sino para “auxiliar” a los gobiernos “obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo”.
Ante esta situación, las citadas fuentes garantizaron que Vox “no va a ceder ni un milímetro” en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que “tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre”.
Además, reivindicaron las nuevas leyes aprobadas que han permitido, principalmente, que “deje de haber víctimas de primera y de segunda según el bando en el que lucharon los españoles hace casi 100 años”, que se proteja todo el patrimonio histórico y monumental, y que “no se persiga a nadie por sus opiniones sobre la historia de España”.
Finalmente, aclararon que en el caso de las leyes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, se trata de proposiciones aún en tramitación ante las que “tres relatores” de la ONU pretenden “influir”, “influir en una tramitación parlamentaria de un país soberano”.
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