MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Vox avanzó este jueves que ya ha presentado ante el Tribunal Supremo su querella contra los miembros del Consejo de Ministros por los delitos de malversación de fondos y caudales públicos y prevaricación después de que el Gobierno haya cedido al PNV el palacete de París que es sede del Instituto Cervantes.
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, recordó que el palacete de París “es de Patrimonio del Estado y, por tanto, propiedad de la nación española y de todos los españoles”.
En el escrito, Vox señala que en el decreto ‘ómnibus’ se consiguió introducir “una norma con la que se pretende dejar sin efecto, no solo una resolución judicial como es la dictada por el Tribunal Supremo, sino también las dictadas previamente por el Tribunal de la Corte de París, además, reinterpretar a su propio interés la normativa aplicable”.
Según explica Castro, “no existe ningún título ni causa justa que pueda acreditar la transmisión a favor del PNV”.
Además, destaca el escrito que para evitar la impugnación del acuerdo que debería dictar la ministra de Hacienda o el Consejo de Ministros, “se acude a una enajenación directa mediante ley, congelando el rango de un acto administrativo; en una clara muestra de desvío de poder, y en fraude de ley, adjudicando un bien de titularidad pública – estatal, valorado al parecer en 10,5 millones de euros, a un partido político”.
Destaca, además, la querella que “debe apreciarse que el momento preciso en el que se articulan se enmarca en la búsqueda de apoyos políticos o pagos a acuerdos previos o quizá a cuenta de futuros a los que el Ejecutivo se compromete para conseguir sus finalidades propias y partidistas”, una cuestión que “se aparta del interés general que debe presidir sus acciones”.
Además, Vox pide al Supremo que se interrogue a los querellados; que se solicite el expediente completo del procedimiento correspondiente al recurso 215/2001, seguido ante la Sala 3ª Tribunal Supremo; y que se certifique el acuerdo del Consejo de Ministros con expresión de los presentes, los intervinientes y los votos de los miembros integrantes del mismo, así como los votos discrepantes que hubieran existido si los hubo.
También pide que se solicite a la Mesa del Congreso de los Diputados la certificación en la que conste la presentación, admisión, y resultado de la votación sobre el decreto ‘ómnibus’ del pasado 22 de enero de 2025, y que se reclame a Patrimonio del Estado la valoración económica del inmueble que figure a sus efectos y certifique su inclusión en el inventario.
Por último, la formación quiere que se tome declaración en calidad de testigo al presidente del Consejo de Administración y al director de la sede de París del Instituto Cervantes y al director general de Patrimonio del Estado en calidad de testigo. Por último, reclama que se designe representante procesal, y se tome declaración al representante legal del PNV.
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