MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Vox registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que busca centralizar la designación de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias en la Administración General del Estado, con el fin de “reforzar la coherencia y eficacia de la política portuaria”.
En concreto, con esta iniciativa parlamentaria el partido de Santiago Abascal quiere modificar el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Vox denuncia que con la actual normativa las comunidades autónomas tienen “demasiado poder de decisión” sobre estas designaciones y considera que esto genera una “gran desigualdad”, propiciando una “fragmentación” en este tipo de políticas y “dificultando la aplicación de una estrategia unificada y alineada con los intereses nacionales”.
Dice que el objetivo de esta medida es profesionalizar la gestión de la red portuaria, para que se lleve únicamente bajo criterios exclusivamente técnicos, operativos y económicos y evitar de este modo “los intereses particulares y territoriales”. Además, Vox apunta a “la necesidad de impulsar una política portuaria homogénea para fortalecer la competitividad del sector”.
Con esta propuesta que se llevará a Pleno, la formación pretende “reforzar la autonomía y la profesionalización de las Autoridades Portuarias, con la intención de asegurar una gestión eficiente, transparente y segura que tenga también un criterio más exigente a la hora de designar sus órganos de gobierno”.
De este modo, Vox propone reorganizar la gestión portuaria y la Marina Mercante; centralizar la designación de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias; garantizar autonomía en la gestión de los puertos, y modificar el Consejo de Administración para lograr una representación “equilibrada, más profesional y para evitar conflictos de interés”.
También propone con esta iniciativa reforzar el control económico y la aprobación de presupuestos; evitar “monopolios, promoviendo la libre competencia en los servicios portuarios”, y eliminar normativas “contradictorias” y aplicar la ley de forma inmediata tras su publicación en el BOE.
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